A lo largo y a lo ancho del país se realizaron
movilizaciones por los 37 años del golpe de Estado. En la Plaza de Mayo hubo
dos actos: uno oficialista y otro organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia (EMVJ), que viene coordinando las movilizaciones cada 24 de marzo
desde hace 17 años y sostiene críticas precisas al gobierno nacional.
El intento por parte de las fuerzas kirchneristas La Cámpora y Unidos y Organizados de bloquear el ingreso a la Plaza fue
infructuoso y sobrepasado por la masividad de la convocatoria del EMVJ. Sin
embargo demoró el inicio del acto. La columna entró por Diagonal Norte y a eso
de las 20 hs comenzó la lectura del documento.
El discurso
oficialista sobre los derechos humanos
El acto oficialista tuvo como eje central la democratización
de la Justicia. Planteó además la investigación de las corporaciones y de la
complicidad civil. Hizo balance de los 400 represores condenados. Mencionó
algunos casos de compañeros asesinados en los últimos años –como Mariano
Ferreyra o Fuentealba-, pero para deslindar toda responsabilidad del gobierno
nacional en cualquier caso.
Por parte del kirchnerismo, este reclamo de “democratización
de la Justicia” ha aparecido recién después de que el gobierno nacional haya
tenido un revés judicial en la aplicación de la Ley de Medios. Nadie puede
estar en contra de democratizar la Justicia y los medios masivos de
comunicación. Sin embargo, ¿qué “democratización” busca el gobierno con el espionaje social como evidenció el Proyecto X y el impulso a la Ley
Antiterrorista?
Avances y realidad en
los juicios al genocidio de Estado
El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ)
denunció a los genocidas como así también la responsabilidad de “las
patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de
delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de
la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que
los avalaron y a los
grandes medios de comunicación que
les lavaron la cara a todos
ellos.”
También destacó el
logro de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados, como los
juicios de la ESMA (en Buenos Aires), La Perla (en Córdoba), y Arsenales y
Jefatura de Inteligencia (Tucumán), que reúnen delitos contra 1.500 víctimas y
150 acusados. Son logros de la incansable lucha popular.
Sin embargo, existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura. De modo que no se llega ni a 2 represores condenados por campo clandestino. Entonces, esta lentitud en los juicios hace posible que cientos de ellos mueran de vejez sin llegar a ser tocados por la Justicia. Así, ya son 320 los represores que murieron impunes.
Este retraso en los juicios tiene que ver con que siguen dentro del sistema judicial jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas. Además, las causas siguen estando en su inmensa mayoría fragmentadas y parcializadas. A este ritmo “serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.”
Este retraso en los juicios tiene que ver con que siguen dentro del sistema judicial jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas. Además, las causas siguen estando en su inmensa mayoría fragmentadas y parcializadas. A este ritmo “serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.”
Cada 24 de marzo se
evidencia que no falta consenso social para agilizar los juicios. Falta
decisión política del gobierno. El gobierno K hace concesiones. Pero en definitiva pretende
utilizar la lucha popular para afianzar su hegemonía en la disputa dentro de
las clases dominantes. Esto explica que no vaya a fondo con las medidas
necesarias para lograr el castigo a todos los culpables. También explica su
política activa en el espionaje, persecución y criminalización a los luchadores
populares.
Impunidad y criminalización hoy
El documento del
EMVJ denuncia la criminalización de la protesta social. Hoy son 5.000
luchadores populares procesados. Es una política sistemática, reafirmada por el
espionaje a organizaciones sociales que fue descubierto en el Proyecto X, a
cargo de la Gendarmería Nacional.
El gobierno
nacional también contribuyó a esta criminalización con el impulso que le dio a
la Ley Antiterrorista. Con su aplicación se duplican las penas de
cualquier delito “que hubiere sido
cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o de exigir una
medida a las autoridades” (textual de la ley mencionada).
Junto con esto se
han producido decenas de asesinatos en las luchas por tierra y vivienda, contra
la tercerización, por salarios
dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra
esta política de hambre y entrega. Son producto de una
política que en definitiva sostiene el latifundio y la sojización, la
precarización laboral, y la corrupción de Estado.
Para avanzar en la lucha popular y en la liberación, hay que
denunciar esta impunidad de ayer y de hoy. En la Plaza de Mayo y en todo el
país, esta voz se hizo escuchar nuevamente.
El Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario y la Cooperativa Lucha y Trabajo en la marcha del EMVJ a Plaza de Mayo. |
Llegando a la Plaza de Mayo. |
El Comité y la Corriente Clasista René Salamanca en Bahía Blanca. |