En el acuartelamiento policial en la ciudad de Córdoba se sumó un contingente muy grande de esa fuerza al reclamo salarial. Junto con esto se desataron los saqueos a supermercados y comercios de la ciudad de Córdoba, constituyendo un hecho de gran magnitud como hace décadas no se veía en esa provincia, con un saldo de heridos y dos muertos. Se vieron imágenes donde se enfrentaron sectores de capas medias con jóvenes de las barriadas y villas de la Ciudad; algunos vecinos esperaron armados en defensa de los comercios.
El gobierno nacional, en su interna con De la Sota, dejó hacer y no respondió al pedido de la provincia para el envío de la Gendarmería. Recién lo hizo cuando ya se había disipado el conflicto.
El conflicto policial se desparramó
El acuerdo que se llegó en Córdoba tuvo un efecto dominó y se desparramaron los levantamientos policiales por diferentes provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, provincia de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco.
Este conflicto encuentra una realidad objetiva explosiva en la situación económica precaria en la que viven la mayoría de los efectivos. Pero es una fuerza donde “la moral” se forja para “combatir” (o administrar) la delincuencia en las barriadas pobres fundamentalmente, encontrando “los enemigos” en los hijos de los desocupados o asalariados que viven en las barriadas y las villas.
Las fuerzas represivas, como brazos armados para la represión del Estado de los terratenientes, el imperialismo y la burguesía intermediaria en un país dependiente como el nuestro, son sin lugar a dudas cuevas de corrupción vinculadas desde sus cúpulas a los robos, el juego, el narcotráfico, la prostitución y la trata. En los últimos 10 años el narcotráfico ha crecido a saltos, siendo hoy nuestro país consumidor, productor y exportador. La generalización del paco en las barriadas más pobres es una manifestación de esta realidad. Estas fuerzas y estos "negocios" son controladas de diversas formas por el gobierno nacional principalmente y los gobiernos provinciales, y están estrechamente vinculadas con la disputa política entre sectores de las clases dominantes como ha vivido otras veces nuestro país.
Los saqueos: ¿organizados o espontáneos?
En los saqueos se entremezclan sectores empobrecidos con bandas organizadas. Muchos vecinos relatan la presencia de jóvenes que venden al menudeo la droga en los barrios. Éstos no se mueven al margen de la policía o los narcos. Pero también son expresión de los miles que no estudian ni trabajan, que muchas veces son instrumentados en la puja de los sectores de clases dominantes o se prenden en los saqueos porque no tienen nada que perder. Los llamados “ni-ni” (jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan) son alrededor de un millón y han aumentado en la última década.
La participación de sectores populares en los saqueos también muestra que la asignación por hijo y los subsidios son superados por una realidad que golpea a los bolsillos de los trabajadores y el conjunto del pueblo, donde la remarcación de precios es constante al ritmo de la inflación y donde se suman los abusos en la remarcación para las fiestas navideñas. Esta realidad social, que niega insistentemente el gobierno nacional, es el “pasto seco” que encendieron las banditas organizadas. Las consecuencias: una pelea de pueblo pobre contra pueblo de capas medias que dejó un saldo de varios muertos.
Aumentos extraordinarios para no dejar de reprimir
Los conflictos de la policía se multiplican y los acuerdos a los que se va llegando hacen que se retroalimente una situación aún más explosiva: se otorgan aumentos que llegan a superar el 100% para los efectivos, pero no se otorgan al resto de los empleados estatales que perciben sueldos muy por debajo de la canasta básica.
Estos acuerdos también sirven a la represión que se prepara para hacer pasar el plan de ajuste desde los gobiernos nacional y provinciales. Ahora contarán con una policía acusada de “sedición, pero perdonados”; aunque bien pagos.
¿Qué camino para el pueblo?
Por todo esto, es sumamente necesario que la CTA y los sectores combativos del movimiento obrero, junto con las organizaciones sociales y políticas, rompan la polaridad impuesta en la lucha por arriba y convoquen a un paro general con movilización y cortes de rutas para exigir con independencia que se grave a los monopolios, terratenientes y bancos, y exigir en lo inmediato:
- Bonificación para fin de año de 2.500 pesos.
- Reapertura inmediata de paritarias.
- Salario básico de 10.000 pesos.
- Ningún despido y suspensiones.
- Que las grandes cadenas de supermercados y también los establecimientos chinos presenten listas de alimentos de primera necesidad y navideños a precios populares bajo control de sindicatos y otras organizaciones populares.
- No a la represión, basta de criminalizar las luchas.
Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario
10/12/2013