[Vamos! Nº20] Polémicas tras el conflicto policial (1).
Abierto el conflicto de las policías provinciales que derivaron en saqueos y muertos, la presidenta afirmó en su discurso por los 30 años de democracia que había que “reinsertar” a las policías provinciales en los “procesos democráticos”, tal como se habría hecho con las Fuerzas Armadas según el gobierno. Desde el kirchnerismo insistieron con este eje llamando directamente a “democratizar” la policía.
Este planteo esconde lo fundamental: el carácter reaccionario del Estado argentino, que las policías y Fuerzas Armadas están destinadas a sostener por la fuerza. No es un Estado destinado a dar solución –por ejemplo- al millón de jóvenes llamados “ni-ni” (que no estudian ni trabajan). Es un Estado que defiende la estructura dependiente de nuestro país en beneficio del imperialismo y las clases nativas que se le asocian: los terratenientes y la burguesía intermediaria. Así se entiende que en la última década, más allá de los discursos, se haya profundizado la sojización, continúe la megaminería, se haya pagado más deuda externa que nunca y se hayan tomado acuerdos entreguistas como con Chevron en Vaca Muerta.Entonces, si la función de las policías es sostener este Estado oligárquico-imperialista, es lógico que se vean implicados en asesinatos como los de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (2002), Mariano Ferreyra (2010), Roberto López y Mario López (Formosa, 2010) o Mártires López (Chaco, 2011), sólo por mencionar algunos casos. Es por esto mismo que nunca han cesado los casos de gatillo fácil y crímenes policiales, como por ejemplo Walter Bulacio (1991), Miguel Bru (1993) o Luciano Arruga (2009). Es una fuerza donde “la moral” se forja para “combatir” (o administrar) la delincuencia en las barriadas pobres fundamentalmente, encontrando “los enemigos” en los hijos de los desocupados o asalariados que viven en las barriadas y las villas, y en los campesinos pobres.
Con estos objetivos las fuerzas policiales son cuevas de corrupción y crimen, organizados desde sus cúpulas y controladas por los gobiernos nacional y provinciales. Así están vinculadas a los robos, el juego, el narcotráfico, la prostitución y la trata. La droga -que en los últimos 10 años ha crecido a saltos, siendo hoy nuestro país consumidor, productor y exportador- no sólo es un “negocio” administrado por las fuerzas represivas, sino también es un medio de control social por parte de las mismas. La generalización del paco en las barriadas más pobres es una manifestación de esta realidad. Ésta es la “solución” que brindan para los “ni-ni”.
Entonces, el planteo de “democratizar” esta policía (sosteniendo este Estado oligárquico-imperialista) no puede ir más allá de lo discursivo. Una evidencia es la propia afirmación de la presidenta que considera haber “reinsertado” a las Fuerzas Armadas en “los procesos democráticos”; una afirmación hecha sin sonrojarse luego de haber nombrado como jefe del Ejército a César Milani, implicado en tres causas penales por su participación en la dictadura.
No nos sirven las ilusiones. Para dar solución a la crisis social y terminar con la corrupción de las fuerzas represivas es necesaria la liberación nacional y social, que destruya este Estado reaccionario y lo reemplace por un Estado de nueva democracia de las clases populares para transformar revolucionariamente esta sociedad.