En apenas cuatro años el conflicto entre campesinos y terratenientes en el Valle del río Aguán (norte de Honduras, cerca del Mar Caribe) dejó más de 130 muertos. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) reclama que el Ejército sea retirado de la zona y que se cumplan los acuerdos firmados con el presidente Porfirio Lobo en abril de 2010.
En aquel acuerdo el gobierno de Lobo se comprometió a comprar al terrateniente Miguel Facussé 11.000 hectáreas de tierra cultivadas con palma africana, para entregarlas a los campesinos y llevar a cabo proyectos de educación, salud y vivienda.
Sin embargo, Facussé es uno de los más connotados miembros de la oligarquía hondureña, que apoyó y puso sus bandas armadas al servicio del golpe que en 2009 derrocó a Zelaya y tras el interinato del fascista Micheletti instaló en la presidencia al propio Porfirio Lobo y auspició ahora a Juan Hernández.
Por eso no sorprende que el decreto logrado por los campesinos bajo el gobierno de Zelaya (2006-2009), que les garantizaba el traspaso de parcelas de los latifundistas, fuera anulado. Ni tampoco que la cuestión del monopolio de la tierra siga tan vigente como siempre. Ni que el 71% de los 8,4 millones de hondureños siga en la pobreza, aún con los votos que las promesas de un “socialismo democrático” le granjearon al partido de Zelaya.
