Por Ulises Granda
Bajo el título “El riesgo de fractura del entramado social” y con la firma de Diana Kordon, Darío Lagos y
Lucila Edelman, ha aparecido en el diario La
Nación (de la oligárquica familia Mitre) un extenso artículo, que ocupa dos
terceras partes de una de sus largas sábanas, ilustración incluida, en relación
a “los saqueos y otros hechos de violencia” de diciembre pasado. Su publicación
no es excepcional. Los citados se han convertido en columnistas asiduos en este medio.
Kordon, Edelman y Lagos son
referentes del PCR (Partido Comunista Revolucionario), son médicos psiquiatras
y tienen una importante trayectoria profesional en derechos humanos. Diana
Kordon encabeza el agrupamiento intelectual Plataforma
2012 (con algunos intelectuales mimados por las clases dominantes como
Beatriz Sarlo y otros). Este grupo intelectual fue saludado desde sus inicios por
la mayoría de la dirección del PCR como una gran iniciativa para enfrentar a
los kirchneristas de Carta Abierta.
Plataforma 2012 ha tenido una vasta cobertura
en La Nación, Clarín y otros monopolios mediáticos de sectores de las clases
dominantes. Una cobertura desmesurada con respecto a su incidencia real. La
razón es que existe un acuerdo político para hacerlo. Un periodista que es
contratado por esas empresas y tiene una relación laboral fija debe analizar
cotidianamente en qué grado puede ejercer su libertad de conciencia y opinión, o hasta donde puede ser fiel a la
verdad, cuando debe escribir para un medio como La Nación. Pero cuando hablamos de columnistas que –como en
este caso– tienen tanto espacio en estos
enormes medios que tiran cientos de miles de ejemplares, nos referimos ya a la
existencia de acuerdos políticos para poder ejercer esa función “productora de
subjetividades”. Afinidades político-ideológicas explícitas.
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| Ilustración publicada por La Nación para el artículo de Kordon-Lagos-Edelman. |
Revelaciones del artículo
Vayamos entonces al contenido
del artículo. Como indica su título y reafirma su cuerpo, uno de los ejes que
plantea es que detrás del conflicto policial, de los saqueos y de otros “hechos
de violencia” recientes existiría una “amenaza de fractura del entramado social
[que] va adquiriendo fuerza de realidad” con la ruptura de “acuerdos
pre-existentes de convivencia”. Nada dice el artículo de cuestiones más
prosaicas como el descenso del salario real, las internas en las fuerzas
represivas, la deteriorada situación de las provincias, el tema de los precios,
etc.
Desde el punto de vista de quienes
nos reivindicamos comunistas revolucionarios, el planteo teórico del artículo
es medularmente erróneo y falaz: esta sociedad no se sustenta en una trama social homogénea con pre-acuerdos de
convivencia, sino que esencialmente
se basa en la explotación de la clase
obrera y otros sectores populares por una ínfima minoría. No hay “entramado
social”, concepto académico burgués entendido tácitamente como posibilidad de
armonización u homogeneización de los diferentes intereses en juego. Lo que hay
son contradicciones de clases
exasperadas, irreconciliables. La
violencia es cotidiana. Pero no como la confinan Kordon-Lagos-Edelman: “en el
fútbol, en las escuelas, de género, delitos con un nivel de violencia sin
sentido”. La violencia la ejercen minuto a minuto los explotadores en el
aparato de producción. Hoy se agudiza con el robo inflacionario y otros mecanismos
de los que es responsable principal el gobierno, pero con los que se beneficia
el conjunto de las clases dominantes.
Tampoco existen “pactos de
convivencia” (formulación que suena más bien a pensadores burgueses como Hobbes
o Rousseau que a Carlos Marx). Lo que hay es una ley impuesta por el más
fuerte: los terratenientes, la burguesía
intermediaria y los imperialismos. No se trata de un mero “extravío en el
psiquismo” del pueblo. En todo caso, si hubiera que referirse a una “guerra de
pobres contra pobres”, habría que decir que es alentada por los propios
sectores dominantes. Pero el artículo también se cuida de mencionar esto, ya
que podría señalar implícitamente que habría que dirigir esa energía contra las
clases dominantes… algo que La Nación
no estaría interesada en publicar.
El texto de Kordon, Lagos y Edelman alude
luego al aumento de la pobreza y la desigualdad, pero nunca habla de clases sociales. Y remarca varias veces la presunta existencia
de un proceso que conduciría a la “anomia” (la desaparición de normas
sociales), en relación a lo que estos psiquiatras llaman un quiebre de una
supuesta “comunidad de pertenencia” y a la pérdida de “ciertos enunciados de
fundamento que sostienen el lazo social, aquellos enunciados más generales de
la cultura sobre lo permitido y lo prohibido”. Los
marxistas-leninistas-maoístas en cambio afirmamos que no hay comunidad de pertenencia por sobre las
clases sociales, que el conjunto nacional vive en contradicción consigo mismo,
que no hay una “cultura compartida”: que
cada idea lleva su sello de clase. Que no hay “anomia”, que en todo caso el
problema es que predominan los valores dúplices de los explotadores (que no se
reducen al gobierno como sugiere el artículo). Sus normas, hechas a su imagen y
semejanza, promueven sus intereses particulares aunque se disfrazan de “interés
general”, siempre con un discurso moralino, santurrón e hipócrita. Lo malo que
ocurre no es una presunta “falta de normas” –por otra
parte imposible–, sino la fuerza de los valores de las clases
dominantes, que muchas veces aparecen como efectos de conciencia entre los
sectores populares incluso contra sus intereses objetivos (ya que, de eso
hablamos, disponen de enormes dispositivos de maceración mental para imponerlos).
Además, no hay ningún consenso
“general” posible sobre “lo permitido y lo prohibido” que “fundamente el lazo
social” que ahora se esté descosiendo. Ese lazo
social se basa en la imposición de la injusticia: en el régimen de la
propiedad privada, en la alienación de los trabajadores y en la subordinación
del país a los dictados de los monopolios y las potencias imperialistas. Esas
reglas que separan formalmente lo legal y lo delictivo son también impuestas
por el Estado que sirve a las clases dominantes. Cuando la tortilla se vuelva, también esto va a cambiar: esencialmente
será delito explotar, será delito entregar nuestra soberanía, tanto como será
obligatorio aportar al trabajo social, colectivo y a la liberación de la
patria.
El texto de estos referentes del
PCR utiliza finalmente una media lengua
oblicua para apuntar algún esbozo de propuesta frente a la compleja situación
del país. Plantea que sería deseable “una posición activa compartida con otros [ya
que] puede abrir caminos favorables a los anhelos populares”. Pero esos
“anhelos populares” no son definidos sino muy vagamente, dicen: “…se requieren
cambios profundos, estructurales, que marquen una clara direccionalidad en
relación con recuperar nuestros patrimonios materiales y culturales y terminar
con la brecha de desigualdades”. La vaguedad del texto, a la medida de un
diario reaccionario como La Nación,
no convence en lo más mínimo. Vale tanto para un barrido como para un fregado y
en todo caso puede aportar sí… al desconcierto general. Un gran terrateniente
puede entenderlo como una propuesta de recuperación de la feta de renta que hoy
le saca el Estado a través de una futura eliminación de las retenciones. Un
reaccionario habitante de Barrio Parque puede leerlo como un llamado a la
organización por las “redes sociales” de un cacerolazo a favor de la mano dura. Un reformista puede
interpretarlo como un guiño para la integración al hipotético frente binnerista
que permitiría “redistribuir la riqueza” (manteniendo la explotación y la
opresión). Finalmente, una lectura orientada por una importante dosis de fe
religiosa (sobre todo ahora que habemus Papa)
puede llegar a creer que gracias a artículos como éste los lectores de La Nación se podrían estar convenciendo
de que hay que dar una salida popular a la crisis.
Significativamente el texto cierra
con un nuevo llamado al objetivo de “restañar el lazo social y los sentimientos
de pertenencia” que nos ahorra hacer mayores comentarios.