La medida tiene lugar a partir de una presentación que hizo la legisladora María Rachid. Objetó el protocolo de actuación elaborado por el ministerio de Salud porteño que reemplazaba la ley vetada. Este protocolo fijaba que, a la hora de realizar un aborto, se debía conformar un equipo interdisciplinario para su autorización y ponía un límite de 12 semanas de gestación para practicarlo, entre otras restricciones.
El fallo ordena que se promulgue la ley sancionada por la Legislatura porteña el 29 de septiembre de 2012, que contempla para el ámbito de la Capital Federal que los hospitales públicos y los centros de salud privada deberán acceder a realizar el aborto no punible a las mujeres cuyo embarazo implique un riesgo para su vida o su salud, o que provenga de una violación. Y lo tendrán que hacer sin dilaciones, sin judicialización y sin más requerimientos que la voluntad de la mujer.
Con esta ley, la Ciudad de Buenos Aires quedaría en sintonía con el artículo 86 del Código Penal y con el fallo “A. F. s/medida autosatisfactiva”, emitido por la Corte Suprema de Justicia en marzo del año pasado. Constituiría además un importante avance en el acceso a la salud integral de las mujeres de la Ciudad y los derechos humanos básicos.
Movilizarnos para
que se cumpla el fallo
Sin embargo, no sorprende que el ejecutivo porteño haya anunciado que va a apelar este fallo. Son conocidas las posiciones de Mauricio Macri y el PRO sobre las cuestiones de género y derechos de las mujeres. A la vez recorta el presupuesto a los programas de atención a mujeres en situación de violencia, precariza y persigue a los trabajadores y trabajadoras del área de Desarrollo Social -que es donde se encuadran estos programas-, de la salud y de la educación. Y como si todo esto fuera poco, no destina presupuesto para la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; y los talleres en las escuelas los dan empresas o grupos confesionales.
Por otro lado, resulta contrastante la actitud que algunos/as integrantes del kirchnerismo tienen en relación a la lucha por el derecho al aborto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la de sus compañeros/as en la Cámara de Diputados de la Nación. En Diputados mantienen cajoneado y bajo siete llaves el proyecto de ley de despenalización y legalización del derecho al aborto, presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ahora lo hacen con la excusa del Papa argentino. Sin embargo, los/as diputados/as del FPV –entre ellos la primera firma del proyecto, actual candidata a senadora y titular del bloque del FPV, Juliana Di Tullio- no movieron un dedo para que el proyecto entre en la agenda parlamentaria durante el período legislativo 2010-2012 y lo que va del 2013.
Por todo esto es fundamental que el movimiento de mujeres y todos los sectores populares nos movilicemos para exigir que el gobierno del PRO cumpla el fallo e implemente la ley en todo el sistema de salud. A la vez, se hace necesaria la organización y la lucha para que se trate en el Congreso Nacional la interrupción voluntaria del embarazo, para que ni Macri ni ningún gobernador o ministro puedan arrogarse la capacidad de decidir sobre los cuerpos de las mujeres.
* Dirigente de la agrupación Mujeres Insurrectas. Candidata a Senadora Nacional por el CR en Camino Popular (Capital Federal).