[VxL! Nº9] Petroleros de Las Heras - Santa Cruz. Una nueva causa judicial armada con detenciones arbitrarias y sin pruebas. Cuando luchar por trabajo digno puede tener condena de cárcel, incluso perpetua.Con apremios ilegales y numerosas irregularidades en la investigación del hecho, el 17 de junio comenzó el juicio oral en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, contra los trabajadores acusados por la muerte de un policía. La causa, sin testigos directos, se basa en declaraciones armadas hechas bajo tortura policial.
Corría el 2006 cuando en medio de una huelga de los petroleros de Las Heras, que venían en lucha desde hacía más de un año, se desataba una revuelta popular como consecuencia de una orden judicial librada para detener al vocero del sector sindical disidente, Mario Navarro. Tras ella, comenzaba la represión. En la pueblada caía herido de bala el policía Jorge Sayago, que fallecía al poco tiempo.
Desde el verano de 2005 los petroleros habían salido a la ruta a reclamar contra el impuesto al salario, y para que los tercerizados encuadrados en convenios de la UOCRA fueran reconocidos como empleados petroleros, combatiendo la precarización laboral. En aquél momento, los desocupados también exigían en la ruta el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo.
Frente a la muerte del policía, rápidamente, el gobierno provincial recibía el apoyo del gobierno nacional, y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la Gendarmería Nacional desplegaba un operativo con centenares de efectivos en la ciudad. Se allanaban casas, y vecinos y trabajadores eran apaleados y torturados, obligados a firmar declaraciones falsas. Comenzaban las detenciones masivas y arbitrarias de numerosos manifestantes. Así, se buscaba de forma impune un responsable de aquella muerte: un chivo expiatorio y un acto jurídico ejemplificador para quiénes enfrentan de forma organizada, en la calle, las condiciones de trabajo impuestas.
De los numerosos detenidos en aquél momento, seis permanecieron tres años presos sin juicio ni condena: Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortéz, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, acusados de coacción agravada en concurso real con homicidio calificado. Ahora, pueden ser condenados a prisión perpetua.
Entre los detenidos había trabajadores petroleros, municipales y desocupados. Muchos hicieron denuncias por apremios y torturas, que conforman causas paralelas.
Los entretelones del juicio
El fiscal de Cámara que iba a participar del debate oral fue reemplazado por el fiscal de primera instancia, tras pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación a juicio porque consideraba inadmisibles las acusaciones.
Durante las recientes jornadas de juicio oral -no público porque no se permitió el ingreso de la gente- se cuestionaron las irregularidades en la investigación, así como también la propia elevación a juicio, y la denegación respecto de las declaraciones de los testigos.
Los integrantes del Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras denuncian que cuando los testigos declaran en las audiencias, y relatan frente a los jueces cómo fueron torturados en 2006, son advertidos de que pueden quedar detenidos para que “recapaciten”, y piensen cómo van a continuar su testimonio. Les dicen que los van a acusar por el delito de “falso testimonio”, los presionan amenazándolos con encerrarlos 48 horas para que “recuerden lo que pasó”.
Ésta es la “democratización” de la Justicia en la provincia de la presidenta. No se juzga un hecho delictivo. El Estado juzga la lucha popular. Y la intenta aplastar con la criminalización que multiplica esta amenaza al conjunto de los trabajadores.
