“Aquí no estamos ante un ‘problema social’, sino frente a una estafa generalizada”. Exponiendo el martes 5 de febrero ante la comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados de España, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunció la responsabilidad de los grupos bancarios y de los gobiernos socialistas y conservadores en la profunda crisis económica y social del país. Con voz por momentos firme y en otros quebrada por la emoción, detalló la desesperación y la angustia a la que son empujadas decenas de miles de familias, tan parecidas a las que padecimos hace algo más de una década en la Argentina.
Cuatro años después de la fundación de la PAH en Barcelona, la activista fundamentó con valentía los puntos mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Plataforma: dación en pago retroactiva (es decir que la devolución de la vivienda hipotecada extinga la deuda de los hipotecados), moratoria para los desahucios (desalojos), y alquiler social. “No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que ha sido víctima de una estafa. Que paguen los estafadores”.
Ada Colau calificó de "criminal" al secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez. El presidente de la Comisión, el Santiago Lanzuela (Partido Popular), le reclamó que retirara esas palabras; ante el señalamiento de Ada Colau de que si no hay soluciones se convocarían nuevas movilizaciones clamó que “nos sentimos amenazados” y advirtió que "aunque en el Congreso la libertad de expresión es una regla de oro, hay límites". Insistió en que la activista retirara sus acusaciones del acta. La respuesta de Ada fue escueta: “No”.
“Aquí no estamos ante un ‘problema social’. Aquí estamos frente a una estafa generalizada. Hablamos de estafa porque no es verdad que haya sido una ‘libre opción’ de la ciudadanía el hecho de hipotecarse. Se jugó con una necesidad básica de la población, y hubo políticas públicas que hicieron que prácticamente la única opción para acceder a ese bien de primera necesidad fuera el sobreendeudamiento…
“Incluso cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria, el mensaje oficial del Estado —tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares— era que en España no había burbuja inmobiliaria, que la vivienda era la inversión más segura para la familia… Las entidades financieras no sólo secundaban estos mitos… sino que además ofrecían hipotecas a través de unos contratos de adhesión que ellas mismas diseñaban y escribían: no era un contrato ‘negociado libremente entre las partes’… Esos contratos estaban repletos de cláusulas abusivas, de las que no se informó. Tampoco se informó, y ni siquiera está escrito en el contrato, que si las subastas quedaban desiertas la ley española preveía que se respondiera no sólo con el bien hipotecado, sino que la deuda te podía perseguir de por vida… Esas hipotecas se hicieron con tasaciones completamente infladas, con tasadoras impuestas siempre por las entidades financieras…
“Por eso hablamos de una estafa hipotecaria. Hay algunos que hicieron un grandísimo negocio, inmobiliarias, constructoras, entidades financieras, que ahora no asumen ninguna responsabilidad: toda la responsabilidad cae únicamente en la parte más débil y vulnerable, en la ciudadanía que necesitaba acceder a la vivienda.
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“Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) nacieron hace 4 años en Barcelona. Con ayuda de expertos, se detectó que en cuanto a la estafa hipotecaria los dos principales problemas eran el tema de la deuda y el de la pérdida de la vivienda. Frente a eso se diseñó una iniciativa de reforma legislativa popular, pero además se organizó para hacerle frente a esa vulneración de derechos fundamentales, incluso —si hace falta— desobedeciendo leyes injustas para forzar que esas leyes cambien.
“Así, sin recursos ni apoyo institucional, la PAH es la primera que hizo frente a los desahucios [desalojos]: ha parado ya más de 550 desahucios en todo el Estado, ha forzado a las entidades financieras a negociar centenares de daciones en pago y alquileres sociales… Todo eso lo ha hecho la sociedad civil, pese a ser sistemáticamente ninguneada por la administración pública.
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“Todo esto es lo que nos lleva a cuestionar las voces de supuestos expertos, a quienes se está dando demasiado crédito, como representantes de las entidades financieras. Aquí acabamos de tener un ejemplo, paradójico para no decir cínico. El compareciente anterior, representante de las entidades financieras, nos ha dicho que la legislación española es estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley… Este señor es un criminal, y como tal deberían ustedes tratarle. No es un ‘experto’: los representantes de las entidades financieras han causado este problema, son esta gente los que han arruinado la economía entera de este país…
“Queremos respuestas, porque no podemos esperar más. Han pasado 4 años, han pasado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, han muerto personas, otras han intentado quitarse la vida. Y esto lo padecemos cada semana…
“Habrá que hacer muchas cosas en este país para lograr que la vivienda deje de ser una mercancía y se la trate como lo que es, un derecho fundamental, que priorice la función social de las miles de viviendas que hay en este país, por encima de su valor especulativo. Habrá que tomar medidas legislativas y de política pública…Somos el país de Europa que más desahucios tiene, y donde se acumulan miles de viviendas vacías…
“Tenemos el problema de la vivienda, de la deuda, de los desahucios y de la gente en la calle. Son problemas que requieren medidas de carácter urgente… Necesitamos soluciones para toda la gente afectada. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que ha sido víctima de una estafa. Que paguen los estafadores…
“Para todos los casos de vivienda habitual y deudores de buena fe exigimos, además de la dación en pago retroactiva, que se regule una moratoria inmediata para detener la sangría de los desahucios. Y una moratoria de desahucios como se hace en muchos países de Europa, incluso por motivos climáticos (en invierno se suspenden todos los desalojos)… Lo primero es detener los desahucios, y a partir de ahí hagamos medidas más estables para resolver el problema de la vivienda, que pasarían por hacer que esos miles de viviendas acumuladas en manos de entidades financieras se reconviertan en el parque de alquiler social, y que al alquiler de la vivienda deba destinarse como máximo el 30% de los ingresos…
“No nos vamos a contentar con ese fondo creado con el último decreto, que nos parecen sólo migajas. Seis mil viviendas son migajas, en un país que acumula millones de viviendas vacías. Las propias entidades financieras hablan de que tienen en sus manos un millón y pico de viviendas vacías. No vamos a aceptar seis mil viviendas, que los bancos son los que van a decidir cuáles son, y que todo hace pensar que al ‘Banco malo’ le van a enviar las mejores viviendas, y las migajas, las de la periferia, las estropeadas y que no tengan salida en el mercado, ésas quizás los bancos se las ofrezcan a las personas desahuciadas. Eso no es admisible.
“Estas son para nosotros las medidas de mínimos, que las venimos planteando desde el 2010… Encuestas recientes hablan de que el 90% de la población respalda estas demandas. Por lo tanto, si ustedes [los diputados] realmente se creen la democracia, y se creen que estamos en la institución —el Congreso— que debe ser la máxima expresión de la voluntad ciudadana, lo que deberían hacer (aunque sea tarde porque han pasado 4 años y miles de víctimas), deben escuchar esas demandas ciudadanas y trasladarlas a la reforma urgente que estamos pidiendo…
“Además de los compromisos internacionales del Estado español en derechos humanos que están siendo sistemáticamente violentados, hay un tema estrictamente económico. No es cierto que la dación en pago ‘hundiría el sistema’: el sistema ya se ha hundido solo, y ya lo estamos rescatando la ciudadanía con miles de millones de euros que nos están recortando en sanidad y educación. Además el problema de la morosidad es el de las inmobiliarias, no es el de las familias; a las inmobiliarias se les está aplicando la dación en pago y aquí nadie se escandaliza, y nadie habla de ‘inseguridad jurídica’ ni del ‘impacto económico’…
“Otro argumento que hemos escuchado, respecto de la ‘inseguridad jurídica’ que provocaría que no se pagaran las deudas hipotecarias de las viviendas, es que ‘en este país las deudas se pagan’. ¿Las deudas se pagan? Depende: quien debe mucho no las paga. Por ejemplo las inmobiliarias y las constructoras, a quienes se les hacen quitas de más del 50%. Algunos partidos políticos tampoco pagan sus deudas y se las condonan. Las entidades financieras también son morosas… Así que eso de que las deudas se pagan, depende: algunas prescriben muy rápido: los grandes delitos financieros prescriben muy rápido, la corrupción prescribe muy rápido. En cambio las únicas deudas que son a perpetuidad son las de las familias, contraídas por la adquisición de un bien de primera necesidad…
“La ciudadanía ha tenido hasta ahora una dosis de paciencia infinita. Nos hemos empecinado en agotar todas las vías que ofrecía el sistema. Hemos hablado con servicios sociales, con partidos políticos, con ayuntamientos, con oficinas de vivienda, con comunidades autónomas. Hemos recogido más de un millón de firmas. Hemos agotado todos los canales. Pero si las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana que avala estas demandas, están ustedes legitimando que nosotros demos un paso más y aumentemos la presión social. No es un capricho, nosotros no pretendemos estar permanentemente movilizados, pero no tenemos más opción…”.
