miércoles, 20 de febrero de 2013

Desplazan a la jueza que investiga las causas de derechos humanos

URUGUAY. La Suprema Corte de “Justicia” (CSJ) uruguaya decidió el “traslado” de la jueza penal Mariana Mota a un juzgado civil. La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la jueza condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en el golpe de estado de 1973.


La noticia del traslado sacudió a la sociedad uruguaya, pese a que la decisión fue adoptada entre gallos y medianoche, en pleno feriado de Carnaval.

“El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo… —señala una Declaración firmada por decenas de juristas y personalidades uruguayas e internacionales—. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución… nuevamente se facilita la impunidad de los criminales”.

El propio Presidente José Mujica, hace unos meses desde su propia audición radial, llamó públicamente a la Suprema Corte de Justicia a “tomar medidas contra la Jueza Mota”. Mujica es un ex combatiente tupamaro, convertido luego en traidor a las causas por las que luchó y fue encarcelado y torturado, y promotor de la “Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado” que “perdonó” a los asesinos y vendepatrias de la dictadura que asoló a su país desde 1973.

La lucha popular logró después de muchos años voltear esa ley infame en el Congreso, y por eso Mujica cambió de táctica. Ahora de lo que se trata es de demorar los juicios a los criminales de “lesa humanidad” e ir diluyendo y cambiando la orientación de los procesos hasta terminar nuevamente en la impunidad a los responsables de crímenes contra el pueblo, eximiéndolos de castigo por los secuestrados, por los bebés robados, por los asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, robos, saqueos y prisión de millares de orientales.

La política del frenteamplista Mujica y la decisión de la CSJ alientan el embate revanchista de las fuerzas oligárquicas y proimperialistas. Para ellas, hasta los remiendos mujiquistas a la ley de impunidad son ilegales. Lo que quieren es, ni más ni menos, que anular y cerrar todos los procesos en curso, entre ellos los 55 casos que llevaba la Jueza Mota, muchos de los cuales iban en camino de definición y sentencia.

Los legisladores oficialistas del Frente Amplio mantienen un silencio cómplice, coherente con el verdadero pacto de complicidad que han impuesto con la oligarquía uruguaya y con el imperialismo yanqui. Pacto que deriva en actitudes como las del ex guerrillero y actual Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que se opuso a que se allanaran dependencias militares en busca de los secuestrados por la dictadura.

Gracias a esa línea de traición, probados criminales antipopulares estan libres, no fueron juzgados e incluso se han revocado sus condenas; no se ha reclamado ni protestado contra la presencia de fuerzas armadas norteamericanas con armamento propio en territorio uruguayo (los SEALs); se ha puesto en marcha un fichaje de activistas “antisistema” —en línea con la “guerra antiterrorista” del Departamento de Estado yanqui—, sin especificar quiénes son considerados “antisistema” y cual sería su delito, en violación de la Constitución y de los derechos ciudadanos; no se ha informado sobre los “acuerdos estratégicos” firmados con los EEUU ni qué significan en “ayuda” económica, compromisos territoriales, bases militares, envío de tropas, etc.

Una línea, en suma, de claudicación y entreguismo del FA contra la que los activistas populares y revolucionarios uruguayos vienen batallando hace años.




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“Se va a acabar, la impunidad en Uruguay!”
El viernes 15 de febrero, varios centenares de manifestantes ocuparon la entrada del edificio de la Corte suprema de Justicia en Montevideo. Al grito de “Que se vayan! Que se vayan!” (los ministros de la Corte) y “Se va a acabar, se va a acabar, la impunidad en Uruguay!”, repudiaron el traspaso de la jueza Mota al ámbito civil.

Aparte de numerosos familiares de desaparecidos y ex presos políticos, estuvieron presentes figuras emblemáticos de la lucha popular y democrática como Daniel Viglietti, Eduardo Galeano y el también ex tupamaro Jorge Zabalza.

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