El jueves 28 de febrero por la mañana en San Pedro (Jujuy) se realizó una movilización para acompañar a los dirigentes que encabezaron la toma de tierras a Ledesma en julio de 2011. Habían sido citados a declarar para este día por el juzgado de esa localidad. Entre los dirigentes citados se encuentra Kike Mosquera de la CCC de Libertador. Se los acusa de usurpación, instigación a la violencia, daños, lesiones, incendios y otras causas.
Mientras, en Capital Federal, nos movilizamos a la Casa de Jujuy. Se realizó un acto. Hablaron Sergio Párraga, de la Cooperativa Lucha y Trabajo, Sofía Rocha, presidenta del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño, y María Sol Fitipaldi, presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería.
En 2011 cientos de familias ocuparon terrenos de Ledesma y así conquistaron 78 hectáreas para viviendas populares. Ledesma pertenece a la familia Blaquier, un terrateniente que posee 150 mil hectáreas. Mientras persiguen a los dirigentes que encabezaron la toma y el justo reclamo de vivienda, siguen totalmente impunes los responsables materiales y políticos de la brutal represión que dejó como saldo 4 muertos y 60 heridos de balas de plomo y no hay un solo acusado.
Exigimos justicia por Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velázquez, asesinados en la represión. Repudiamos esta nueva persecución y criminalización contra quienes encabezaron el reclamo de vivienda popular.
En 2011 cientos de familias ocuparon terrenos de Ledesma y así conquistaron 78 hectáreas para viviendas populares. Ledesma pertenece a la familia Blaquier, un terrateniente que posee 150 mil hectáreas. Mientras persiguen a los dirigentes que encabezaron la toma y el justo reclamo de vivienda, siguen totalmente impunes los responsables materiales y políticos de la brutal represión que dejó como saldo 4 muertos y 60 heridos de balas de plomo y no hay un solo acusado.
Exigimos justicia por Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velázquez, asesinados en la represión. Repudiamos esta nueva persecución y criminalización contra quienes encabezaron el reclamo de vivienda popular.