[Vamos! Nº 67] Social. Una de las caras más terribles de este sistema contra el que luchamos.
El abuso sexual en la infancia es violencia. Es el abuso de poder de un adulto que involucra a un niño o niña en actividades sexuales que no puede comprender, y para las cuales está evolutivamente inmaduro/a. Lo cometen adultos basándose en una relación asimétrica, en la que se establece una extorsión afectiva, y se llama al silencio a través de amenazas. Hay personas que tardan muchísimos años hasta poder contar su experiencia guardada en estricto secreto. Algunos nunca pueden hacerlo. El secreto forma parte de las características de esta violencia y sometimiento.
El daño que causa este abuso en el psiquismo, en el físico y en la vida afectiva de las personas que lo padecen es inconmensurable. Y es increíblemente alto el número de adultos que lo practican en la actualidad. Por el contrario es lamentable el papel de gran parte de los operadores judiciales no idóneos -o directamente cómplices- que intervienen desde el inicio y hasta el fin del proceso judicial. Así como es alarmante –además de ilustrativa- la acción de la Justicia que no condena estos delitos a pesar de las pruebas y evidencias a la hora de las denuncias y de las investigaciones.
El abuso sexual infantil es el delito más impune de la tierra. En comparación con otros delitos comunes en los que hay algunos niveles de esclarecimiento de causas en los juicios, en el tema de abuso sexual infantil el porcentaje de los casos que llegan a la condena es uno en mil. Esta impunidad es uno de los motivos que garantiza que se siga cometiendo este delito de abuso y de poder.
Históricamente cuando un niño o niña hablaba, bastaba con decir “este chico/a miente”. Y eso era suficiente para desmentir y ocultar el abuso. Contando también con el aval del silencio y la complicidad de la sociedad patriarcal.
Por eso no esperamos que sólo un veredicto judicial defina al culpable de abuso. Los que luchamos por la liberación nacional y social en marcha al socialismo, que destruya este sistema social y su Estado que sostiene al patriarcado, sabemos que el sistema judicial es uno de sus pilares. Esto hace que en esa lucha de fondo, y en la exigencia de justicia inmediata, la condena social, con todas sus expresiones, sea necesaria para poder avanzar sobre la inacción de una mayoría de jueces. En este sentido el movimiento de mujeres en particular y el movimiento popular en general vienen dando una gran lucha tanto en el terreno judicial como en las calles con movilizaciones, escraches a pedófilos, abusadores y violentos. Todo esto ayudó a hacer visible una realidad que estaba obligada a permanecer encerrada entre cuatro paredes. Se sacó del ámbito privado el tema del abuso y de la violencia para comprenderlo y abordarlo en forma colectiva. Las organizaciones, los afectados y los denunciantes la tomaron en sus propias manos. Este movimiento hacia afuera fue también el que logró obtener conquistas concretas tales como: la ley de la Cámara Gesell, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley contra la Violencia Familiar, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), etc. Todas estas son grandes conquistas sociales. Pero son parciales porque, al no existir voluntad política para enfrentar este problema, no se asignan los presupuestos ni recursos humanos necesarios.
Avances y reacción
En los últimos quince o veinte años hubo avances importantes en la investigación y tratamiento de este tema específico. Sin embargo lo que se encuentra a la hora de ir a denunciar, son trabas.
Cuánto más se avanza contra el abuso infantil, más se organiza la “reacción” de los pedófilos y sus defensores, tanto en el ámbito social como en el profesional de la salud mental y del derecho.
Cuando las investigaciones empezaron a demostrar que los chicos no mienten sobre estos temas y que hasta cierta edad ni siquiera tienen posibilidad de fabular sobre situaciones sexuales no vividas, los pedófilos y sus defensores comenzaron a producir teorías reaccionarias para desmentir a los niños que -gracias al acompañamiento adecuado- se atreven a hablar y denunciar las violaciones y abusos.
Una de estas teorías es el supuesto “Síndrome de Alienación Parental” (SAP). Es un intento de excusa para no escuchar a los niños. Se basa -sin ningún rigor científico- en afirmar que el progenitor conviviente (aunque siempre se trata de la madre) le “lava el cerebro” al niño o niña para denunciar al otro progenitor. Y que inventan situaciones que jamás vivieron. Habla de una supuesta co-construcción de ideas manipuladas (por la madre) para que el niño o niña acuse al padre. De paso se desprestigia a la mujer madre, considerándola manipuladora y lavadora de cerebros. Y desalienta el valor y la confianza que empujaron la voluntad del niño o niña a relatar esa experiencia traumática y confusa. Se ataca y desalienta el relato porque es una de las formas de manifestación de una verdad subjetiva que puede dar cuenta de una verdad material.
El SAP pretende poner a los padres abusadores denunciados, condenados o separados de sus hijos, como víctimas de las leyes contra el abuso.
Más allá de este engendro teórico creado por un pedófilo estadounidense (Richard Gardner, 1985) que debió publicar sus propios libros sobre el SAP porque no encontró reconocimiento científico alguno que lo acredite en su país y fue rechazado por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Organización Mundial de la Salud, este argumento encontró asidero en Argentina y es utilizado para desmentir no sólo a las víctimas, sino a todos aquellos que los acompañan, sean familiares o profesionales. Desmentida que se da por cierta en informes periciales y dictámenes judiciales que terminan sin condenar al abusador.
Para nosotros, el testimonio, la simbología, los gestos y otras formas de exteriorizar el abuso por parte del niño, es la primera y fundamental prueba que da inicio al proceso de investigación que implica en primer lugar la condena social, para ir luego por justicia y condena penal sobre el abusador.
Quienes esgrimen el SAP intentan difundir la idea del “abuso de las denuncias de abuso”. Salvo excepciones, cuentan con el aval institucional de distintas instancias del Estado, profesionales de la salud mental y del derecho. Y aprovechan la falta de políticas públicas serias y comprometidas con la destrucción de este atropello contra la niñez y contra las mujeres.
