A fines del año pasado se precipitó un conflicto en uno de los barrios de la periferia de Tandil: Villa Cordobita. Este se constituyó mediante la ocupación en los años ‘90 de las tierras de una empresa que quebró hace más de 50 años, Tandilia SRL. A partir de entonces unas cien familias viven en el barrio, pero sin que la Municipalidad les habilite el pago de los impuestos municipales, de tal manera de impedirles demostrar la posesión y acceder a un juicio de usucapión para lograr la titularidad de los lotes.
El conflicto se intensificó con la aparición de una persona que reclamaba los lotes ocupados por cuatro familias, alegando que venía pagando los impuestos municipales, y obtuvo la orden de desalojo de un Juzgado. El 16 de octubre del año pasado se procedió al desalojo, pero los vecinos del barrio lo impiden enfrentándose cuerpo a cuerpo con la policía.
A partir de ahí comienzó la organización del barrio a través de asambleas, así como la utilización de los instrumentos legales. En conversación con Vamos!, Griselda Altamirano, de la Agrupación 1º de Octubre, nos contaba: “Nos damos cuenta de que uno de los que aparecía como testigo en la causa era un defensor oficial del Juzgado, otra era funcionaria municipal del área de legales, otro era un abogado que se dedica a litigar constantemente y a desalojar gente, otro era un amigo de la familia. Ahí nosotros lo que hacemos es descubrir que hay una operación, salimos a denunciar una asociación ilícita entre distintos funcionarios judiciales y municipales”. La inquietud en el barrio era que lo que se había hecho con esos cuatro lotes se podía hacer con todos, por lo que se inició la lucha por la regularización del conjunto de los terrenos.
Tras tres meses de movilizaciones del barrio al Concejo Deliberante, presentaciones judiciales y denuncias en los medios de comunicación, se logró un importante triunfo: una ordenanza por la que se expropiarán todos los lotes de la empresa Tandilia SRL que están ocupados, la realización de un censo para identificar a los ocupantes y los trámites para la escrituración. A su vez, se está por conseguir que la jueza dicte la suspensión de la medida cautelar que daba lugar al desalojo de las cuatro familias. “Si logramos en tres meses que se expropien lotes, que pasen la escritura y que prácticamente se frene un desalojo con sentencia firme de Cámara, fue por la manera en que se peleó, la firmeza con la que se hizo”, sostiene Altamirano.
En el curso de esta lucha, también empezó a salir a la luz el problema de fondo: los vecinos del barrio denunciaron a Frolik, presidente del Concejo Deliberante e intendente interino, como un “ocupante vip”, ya que este había ocupado y se había apropiado de un terreno lindante a su casa en el barrio Villa del Parque, una de las zonas más caras de Tandil.
Así describió la situación Altamirano: “Los pobres tomamos terrenos, incluso de una empresa desaparecida, ni siquiera de un particular, porque no tenemos recursos, porque tenemos una necesidad; ellos lo hacen porque no tienen moral, porque tienen garantizada la impunidad porque tienen el poder. Y hay innumerable cantidad de funcionarios de gobiernos provinciales, nacional, locales, todos los que están ligados al poder y tienen manejo de la información, que se quedan con la tierra. Hay un 40% de personas que no tienen vivienda, que alquilan, cantidad de personas que viven hacinadas, porque en el mismo lote hay hasta cinco casas, donde en una misma casa viven hasta dos o tres familias. Esa es la situación que se vive en los barrios de la periferia. Y en esa situación algunos funcionarios pueden tomar terrenos. Entonces los pobres a la periferia, los funcionarios con los mejores lotes. Esa es la discusión: quién se queda con la tierra. Y a la hora de garantizarse la impunidad hacen acuerdos todos, porque, entre ellos son adversarios políticos, se intercalan y se alternan el poder. Para nosotros son enemigos de clase. Por eso si le tenemos que salir a pegar al gobierno nacional, local o lo que sea, lo vamos a hacer. Y ellos si se tienen que cubrir se cubren.”
Ahora la lucha de los vecinos está en imponer al Concejo Deliberante que se haga pública la información sobre el conjunto de los lotes, y una mesa de trabajo con participación del barrio para la evaluación de la situación de cada caso. A su vez, reclaman que pase inmediatamente el impuesto municipal a nombre de quienes tienen la posesión de las tierras y que el censo se realice sin demoras.