El miércoles 26 de marzo retembló Asunción. Decenas de miles de trabajadores paraguayos del campo y la ciudad, convocados por sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, docentes y estatales llevaron a cabo masivamente la primera huelga general en 20 años. Se exigió al gobierno de Horacio Cartes un aumento salarial del 25%. Se planteó el rechazo a las privatizaciones consagradas por la Ley de Alianza Público-Privada (ley APP). Y se exigió la libertad de los presos políticos y la desmilitarización y el fin del estado de sitio en asentamientos campesinos de Concepción, San Pedro y Amambay. También se reclamó contra la suba de las tarifas del transporte, por control de los precios de la canasta familiar y de los servicios públicos, y en defensa del derecho de organización y de la libertad sindical.
“Contra el remate, vamos al combate”
Desde la madrugada, los manifestantes hicieron cortes parciales de calles y rutas en la capital y en varios puntos del país, incluido el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la localidad brasileña de Foz do Iguaçu. Luego, con la simpatía de muchos vecinos, miles de manifestantes ocuparon el centro de Asunción y realizaron actos en la Plaza de la Democracia y frente al Congreso nacional. En la capital adhirió al paro un 80% del comercio, escuelas, taxistas y organizaciones populares.
Cientos de carteles y banderas daban el tono del reclamo: “Gobierno represor del campesinado pobre”; “Huelga general”; “Reforma agraria”. Decenas de miles de gargantas corearon “El pueblo unido jamás será vencido”, “Libertad a los presos por luchar” y “Huelga general contra el remate. Pueblo paraguayo vamos al combate”.
Tras desayunar mate cocido con leche y galleta, los agricultores de la Federación Nacional Campesina (FNC) realizaron con sus tradicionales garrotes, banderas y pancartas la “XXI Marcha del Campesinado Pobre”, sumando al paro nacional alrededor de 10.000 manifestantes que trasladaron desde el campo a Asunción su reclamo de reforma agraria y de un nuevo proyecto nacional de desarrollo. Junto a ellos marcharon columnas de docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), de la Corriente Sindical Clasista (CSC) y del Partido Paraguay Pyahurâ. La FNC —que en los últimos años creció notablemente en reconocimiento popular— viene, además, de realizar una intensa campaña de resistencia contra la sojización y las fumigaciones dentro de sus asentamientos en departamentos como San Pedro, Guairá, Caaguazú y Canindeyú, por la que sufrieron represión policial, detenciones y denuncias judiciales.
Frente al Congreso hablaron, en la habitual mezcla de guaraní y castellano, voceros de las distintas organizaciones populares: Marcial Gómez y Teodolina Villalba, dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC); Vidalia Benítez de la Coordinadora Democrática; Belarmino Balbuena del Frente Guasú; Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahurá (PPP), presente en el palco de las entidades convocantes; Luis Aguayo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, y representantes de las 6 centrales sindicales. Marcial Gómez, vocero de la Federación Nacional Campesina, subrayó la demanda de reforma agraria, fin de los asesinatos de dirigentes rurales y derogación de la Ley APP. “La conquista más grande de esta acción conjunta es ponernos una meta, para aliarnos y llevar a nuestra patria a la liberación”, expresó una oradora del PPP.
También se realizaron protestas en varios puntos del interior del país. A la altura del kilómetro 410 de la ruta Transchaco, trabajadores de la Ande y algunos campesinos realizaron cortes intermitentes; unas 600 personas cortaron varias veces la ruta 6 a la altura del Km 45. En el Cruce Guaika, en San Estanislao–San Pedro, unas 3.000 personas realizaron cortes sobre la ruta 10.
Cartes sigue con ajuste y privatización
La huelga y la impresionante concentración unitaria tuvieron más de un 80% de acatamiento y repercusión en Asunción y otras 35 regiones del país.
Sin embargo, el gobierno de Cartes manifestó públicamente su decisión de mantener el rumbo privatizador y entreguista. El propio vicepresidente Juan Afara dijo que la privatizadora y antinacional Ley de Alianza Público-Privada (APP) es intocable, que aumento salarial no sería mayor del 10%, y ni siquiera mencionó la reforma agraria.
Los jefes del gobierno argumentaron que los recursos del estado son muy limitados; pero igual que hicieron Menem y De la Rúa en la Argentina, siguen emitiendo más y más bonos (préstamos). Y el FMI “autoriza” al gobierno a seguir endeudando al Paraguay, exigiéndole a cambio aplicar un brutal ajuste sobre la salud y la educación públicas y los planes sociales, y descargar un tarifazo antipopular en transporte, gas y electricidad.
Intentando neutralizar la gran combatividad popular, el gobierno de Cartes llamó a los sectores convocantes a la huelga a conformar “mesas de diálogo”, coordinadas por el vicepresidente Afara y con la participación de 11 ministros del Gabinete. Pero la FNC y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas se negaron a participar en ningún tipo de “conversaciones” mientras no se derogue la Ley de Alianza Público-Privada y no se libere a los presos políticos —campesinos acusados por la matanza de Curuguaty— que llevan casi 2 meses en huelga de hambre.
