[Vamos! Nº24] Anteproyecto de reforma de Código Penal. El gobierno y también la oposición liberal han levantado una gran humareda sobre esta reforma, la cual ni siquiera fue presentada en el Congreso. Pero aumentar o bajar las penas no aportará a la solución de la inseguridad. Otras cuestiones en juego.El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que el envío al Congreso del anteproyecto de reforma del Código Penal será decisión de la presidenta. El jefe de Gabinete destacó que este anteproyecto había sido elaborado “desde una expresión plural” por “una comisión de especialistas reconocidos nacional e internacionalmente”, en realidad un acuerdo entre representantes del kirchnerismo, radicalismo, PS y PRO para el “reordenamiento jurídico” del Código.
El que quedó afuera del acuerdo fue Sergio Massa, que fustigó contra el proyecto porque “baja las penas en 146 delitos” y reafirmó su eje de “mano dura” contra la inseguridad. En cambio el gobierno intentó darse una mano de barniz garantista, mientras condena los cortes de ruta, defiende el fallo contra los trabajadores de Las Heras y pretende ajustar con el tope salarial en las paritarias (curioso “garantismo”).
Cada uno sostiene su eje y mantiene entretenidos a los espectadores. Pero el Código Penal, reformado o sin reformar, no resuelve ni las causas sociales que incitan a la delincuencia en la sociedad, ni la selectiva elección que hace este Estado para aplicar sus penas sobre los pobres y los luchadores que hay que disciplinar. Los saqueos de diciembre pasado que comenzaron en Córdoba dieron una contundente muestra de la grave situación social de las barriadas, donde se entrelazan la pobreza, el delito, el narcotráfico y la corrupción policial. Hoy esta realidad se agrava con la inflación que puede superar el 50% anual.
Las recetas de Massa ya demostraron su fracaso. Por otro lado el gobierno K opta por negar la inflación, el narcotráfico y la inseguridad: ninguno de estos temas fue siquiera mencionados por la presidenta en su discurso de 4 horas el 1º de marzo en el Congreso. Ninguno se acerca a dar respuesta al asunto, desde el punto de vista del pueblo.
Detrás de todo esto hay otras cuestiones que habrá que seguir atentamente. Los familiares de las masacres de Cromañón y Once reclaman que se vuelvan imprescriptibles los delitos de funcionarios públicos. Esto claramente no está entre los planes del kirchnerismo en retirada, que busca avanzar lo más posible dentro del Poder Judicial y en el Consejo de la Magistratura. El “reordenamiento” seguramente traiga consigo además cambios en otros temas: aborto no punible, consumo de estupefacientes, narcotráfico, etc. La composición de la comisión-acuerdo que elaboró el anteproyecto y el posterior entendimiento de la presidenta con el Papa Francisco no son buenos indicios.
El problema no es el Código Penal. Es este Estado al servicio de monopolios y terratenientes. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas pero en el cual persiste la desnutrición infantil. Una policía que administra la delincuencia y el narcotráfico, porque su función no es otra que reprimir al pueblo para garantizar esta dominación. También frente a la inseguridad la solución pasa por conquistar la liberación nacional y social, destruyendo revolucionariamente este Estado para reemplazarlo por por uno de Nueva Democracia de las clases populares y hegemonizado por la clase obrera.
