[Vamos! Nº27] La lucha por aborto legal, seguro y gratuito.Una niña de 13 años de la localidad de Moreno fue violada por su padrastro. Como es común en los casos de abusos intrafamiliares, no se animó a contar lo sucedido hasta un tiempo después. Cuando la madre y la niña denunciaron la violación el 30 de marzo, no se le realizaron procedimientos básicos establecidos por el protocolo de atención a las víctimas de violaciones, como la realización de un test de embarazo y brindar información sobre la posibilidad de la interrupción del mismo. Sin embargo, cuando se descubrió el embarazo y la niña manifestó su voluntad de no continuarlo, el hospital Mariano y Luciano de la Vega se negó a realizarlo.
El Código Penal argentino estipula desde el año 1921 que los abortos realizados en caso de gestación por violación son no punibles (legales); y no establece un límite en las semanas de gestación. También el fallo por el caso FAL, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, indica claramente que deben realizarse sin dilaciones y sin intervención judicial. También avalan este derecho tratados internacionales y una serie de protocolos de atención tales como la Guía Técnica para la realización de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación.
La dirección del hospital, para fundamentar su negativa, utilizó argumentos tales como que corría riesgo la vida de la niña o que ya no se podía por la edad gestacional. Argumentos rápidamente desacreditados por otros especialistas por carecer de base científica y legal. Finalmente la niña fue dada de alta sin habérsele realizado la intervención.
Esta situación convocó a las organizaciones de mujeres a escrachar la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal para exigir a las autoridades del Gobierno provincial que realice las gestiones necesarias para garantizar la realización del aborto no punible a la niña.
Posteriormente, por medio de un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito junto con las demás organizaciones que acompañaron a la niña y su madre informó que el aborto se realizó por fuera del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna complicación, y que la niña ya dada de alta se encuentra en perfecto estado de salud. El comunicado también denuncia “el maltrato y las coerciones sufridas por ellas en el hospital, así como la falta de atención adecuada y de análisis pertinentes para realizar los diagnósticos realizados, y la divulgación de datos de la historia clínica de la niña”, y anuncia “que acompañaremos a la familia en las acciones legales correspondientes para llevar adelante el juicio penal y la sanción que corresponde a las autoridades que han vulnerado los derechos de la nena”. También aclara: “la intervención fue realizada por la gestión del movimiento de mujeres y feminista y NO por el Ministerio de Salud, debiendo ser ésta una de sus funciones”.
Estas son situaciones corrientes en el sistema de salud y no siempre las víctimas cuentan con el acompañamiento de organizaciones de mujeres. Quienes pueden acceder a una clínica privada no sufren las presiones, los maltratos, la revictimización y el ensañamiento de la prensa, que por lo general quedan reservados para las mujeres de la clase obrera y demás sectores populares.
Mientras tanto, el padrastro sigue libre aunque ya se libró la orden de detención.
Muchas de estas situaciones podrían evitarse si de una vez por todas el Congreso de la Nación, debatiera y aprobara el proyecto de ley de legalización del derecho al aborto y si existiera una verdadera política de salud, educación sexual y contra la violencia hacia las mujeres, con el presupuesto requerido, que llevara adelante las leyes y los protocolos que han sido conquistados por medio de las luchas del movimiento de mujeres y popular de muchos años.
