martes, 4 de noviembre de 2014

Indoamericano: Se logró la absolución de los dirigentes sociales

[Vamos! Nº40]  Finalizó el juicio contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli. Para desalojar el gobierno utilizó represión, discurso xenófobo y luego persecución política.






Durante la semana pasada se realizó el juicio en el que, sin más pruebas que algunos testimonios aislados de miembros de las fuerzas de seguridad, se acusa a Diosnel Pérez (Frente Popular Darío Santillán) y Luciano Nardulli (CCC) de instigar la toma del Parque Indoamericano en el 2010. En dos oportunidades Pérez y Nardulli habían sido sobreseídos, pero ante la apelación del macrismo, la jueza Eugenia Lara los llevó a juicio oral, cambiando la acusación, con la posibilidad de penas de hasta cuatro años. Ante la debilidad de las pruebas, el fiscal Luis Cevasco terminó pidiendo dos años con prisión en suspenso. El lunes 3 de noviembre la jueza Lara finalmente dictaminó la absolución. Un triunfo de la lucha popular.
El juicio se realizó luego de que fueron sobreseídos los miembros de las policías Federal y Metropolitana, ejecutores del desalojo que dejó como saldo el asesinato de Rosmery Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez. Y poco después de que las topadoras arrasaran el barrio Papa Francisco. Una clara muestra de la política del macrismo frente a la lucha por vivienda digna: represión, impunidad y persecución. Como afirmamos en un comunicado del CR-Capital Federal ante el juicio: “No es un hecho aislado, se suma a otros casos de criminalización de la protesta social, como a los dirigentes del Hospital Gutiérrez y del Teatro Colón o el intento de desafuero a los dirigentes ferroviarios, para descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo (…). La consigna es: si tocan a uno tocan a todos, sin distinciones políticas”.
En diciembre del 2010, miembros de la CCC (parte de ellos hoy integrantes de la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo) y del FPDS participaron de la ocupación del parque Indoamericano en reclamo de viviendas y del cumplimiento de la Ley 1770 de Urbanización de la Villa 20, aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña en el 2005. Nardulli y Pérez estuvieron para acompañarlos. Cuando el Gobierno de la Ciudad ordenó el desalojo, en un operativo conjunto de las policías Metropolitana y Federal, con Berni presente, se iniciaron procesos legales contra estos referentes. Mientras, el kirchnerista A. Salvatierra y otros arreglaron con la probation. Los compromisos de urbanización, construcción y entrega de viviendas nunca fueron cumplidos.
Corresponsal