Como explicó la propia Presidenta por cadena nacional, el proyecto estipula que “se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito” in fraganti (en el mismo instante) y que tengan alguna irregularidad en su en su situación migratoria. El resto de los partidos de las clases dominantes –lanzados ya a la carrera electoral para el 2015 con uno de sus ejes centrales en la inseguridad– coincidieron en este punto en forma prácticamente unánime. Desde organizaciones de DDHH y populares surgieron las voces de protesta.
Más allá de la letra fina de las formulaciones judiciales, lo que hace falta remarcar es el contenido esencial de la campaña que se ha montado, de las disposiciones que se pretenden aprobar y sus implicancias prácticas. En los últimos meses ha emergido con fuerza por parte del Gobierno y del conjunto de las clases dominantes una peligrosa campaña de contenido xenófobo, que pretende situar como responsables de la inseguridad a los “delincuentes extranjeros”. “Es una protección que merecen los argentinos, de los extranjeros que entran a delinquir”, dijo Cristina en su discurso. “Estamos infectados de delincuentes extranjeros”, declaró Sergio Berni. Recordemos que ya el macrismo había utilizado este tipo de discursos frente a las ocupaciones de tierras en Soldati.
“Poco esfuerzo se requiere para advertir que esos ‘extranjeros indeseables’ pescados ‘con las manos en la masa’ no serán los que contrabandean valijas de narcodólares para las campañas presidenciales, ni los que fletan aviones privados y hacen sus negocios con funcionarios y empresarios. Serán los bolivianos, chilenos, peruanos, uruguayos o paraguayos que se hacinan junto a los argentinos pobres en las barriadas populares, que ya soportan a diario el hostigamiento policial”, se planteó desde Correpi. Y es que, efectivamente, esta campaña establece una diferenciación racista de clase de los extranjeros: por un lado estarían los “extranjeros deseables” como Soros, los dueños de Lear o Chevron, los empresarios chinos, etc., o sea, los miembros de la burguesía imperialista. Por el otro los “extranjeros indeseables”, los miles de inmigrantes pobres, explotados y oprimidos, que comparten sus destinos con las masas populares de argentinos, y en muchos casos en aún peores condiciones. Y que son lo principal de los inmigrantes en nuestro país, aunque haya grupos reclutados por las mafias del narcotráfico y la delincuencia (armadas directamente o con la complicidad policial). Entonces la policía, la Justicia y el Estado están para cuidar a los primeros y para someter, reprimir y si es necesario expulsar a los segundos.
El otro aspecto son las nuevas herramientas que esta modificación del Código Penal le darían a las fuerzas represivas, contra los inmigrantes pobres y para la persecución y represión de los trabajadores. Porque, más allá de los vericuetos técnicos, en la práctica basta con que un policía agarre a un extranjero y afirme que lo vio cometiendo un delito in fraganti, para que un fiscal le inicie un procedimiento y quede en condiciones de ser expulsado. O sea: si un grupo de los miles de trabajadores extranjeros en negro y superexplotados en la construcción o en los talleres textiles clandestinos decide cortar una ruta, esto se transforma en un delito causal de expulsión. Ni hablar de las ocupaciones de tierras en reclamo de vivienda. O cualquier participación de un extranjero en una movilización o acción de lucha.
Por lo tanto, no es extraño que estas nuevas disposiciones traigan a la memoria la tristemente célebre Ley de Residencia de 1902, sancionada nada más y nada menos que bajo la Presidencia de Julio Argentino Roca, el genocida de nuestros pueblos originarios (otros tratados sarcásticamente como “extranjeros” desde el punto de vista de la oligarquía argentina). En su artículo 2º esta ley consignaba: “El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. En un período de fuerte agitación obrera, ésta fue una herramienta central utilizada de común acuerdo entre el Estado y las patronales, apuntada contra los trabajadores en lucha, y en particular contra los militantes anarquistas y socialistas.
En un momento en el que crecen el ajuste, las luchas obreras y populares y la persecución y judicialización a los trabajadores y dirigentes combativos, estas campañas y estas reformas no sorprenden. Enfrentarlas es una de las tareas del movimiento obrero y popular.