El masivo secuestro y probable asesinato de 43 estudiantes para maestros, la complicidad evidente de las autoridades locales, estaduales y nacionales, y el descubrimiento de decenas de fosas con cientos de cadáveres en los cerros próximos a la ciudad de Iguala, estremecieron el corazón y la conciencia de millones de mexicanos.
En la detención de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (en el estado sureño de Guerrero), ordenada por el alcalde de Iguala para impedir que arruinaran las ambiciones políticas de su mujer, se mezclan la policía y el cártel de narcos “Guerreros Unidos”. Pero la siniestra red de intereses va mucho más arriba, hasta abarcar toda la estructura de poder de México. En el país está en curso una enorme crisis política. Con la detención del alcalde de Iguala las masivas manifestaciones no se detuvieron: “¡Fuera Peña Nieto!”, claman ahora exigiendo la renuncia del propio presidente.
“¡Vivos los llevaron,
vivos los queremos!”
vivos los queremos!”
En junio de 2013, la tortura y asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente campesino de la zona de Iguala, volcó a los estudiantes a la calle: ya sabían que el crimen venía de la mano del alcalde José Luis Abarca Velázquez. Y también de la de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, cerebro oculto pero archiconocido de las finanzas del cartel narco “Guerreros Unidos”, que disputa a sangre y fuego a “Los Zetas” y a “La Familia Michoacana” el control de la droga en la ciudad. No tiene poca ambición, Pineda Villa: ahora aspira a suceder a su marido como alcaldesa de Iguala en 2015. Y en un estado como el mexicano, corrompido hasta la médula por el narcotráfico, la María de los Ángeles era “número puesto”.
El 26 de setiembre la mujer hacía un acto electoral. Abarca Velázquez pensó que la manifestación estudiantil podía aguarle la fiesta y encomendó a sus grupos de tareas que lo impidiesen. La policía atacó a los estudiantes a sangre y fuego asesinando a tres. Decenas fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala, que los entregó a la banda de narcos. Ésta, acostumbrada a la impunidad absoluta, puso en marcha una brutal, espantosa, operación de exterminio: los 43 estudiantes fueron al parecer ejecutados, sus cuerpos quemados y arrojados a un río y a un basurero en los suburbios de Iguala.
Asqueados y cada vez más convencidos de que las clases dirigentes mexicanas gerencian un verdadero narcoestado y sostienen su poder en base al fraude, la tortura y el asesinato, sectores cada vez más amplios del pueblo mexicano, y especialmente de su juventud estudiantil, pasaron del estupor al reclamo de justicia, y de allí a denunciar las responsabilidades políticas que llegan hasta las más altas jerarquías del Estado, incluyendo al propio presidente Enrique Peña Nieto en una política sistemática de terror, amedrentamiento, desapariciones y asesinatos en masa que ya lleva más de 100.000 muertos, 20.000 desaparecidos, y decenas de fosas comunes sembradas por todo México. Sólo la investigación del paradero de los normalistas de Ayotzinapa reveló la existencia de más de 20 fosas comunes llenas de cadáveres que no son de los estudiantes.
Las autoridades buscaron tapar el abominable crimen trabando la investigación, tratando de dar el caso por cerrado y asegurando –por boca del procurador general Jesús Murillo Karam– que los estudiantes están muertos. Pero los familiares de los jóvenes dijeron que no confían en las autoridades, y que no dejarán su reclamo de aparición con vida hasta que no haya pruebas inequívocas de su asesinato y castigo a los responsables materiales y políticos.
En medio de la gigantesca conmoción nacional, al presidente Peña Nieto le pareció que había otras cosas más importantes, y el domingo partió a una gira por China y Australia para asistir a las cumbres del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y del G-20, lo que produjo aún más indignación y atizó las protestas.
En el movimiento popular mexicano revivieron consignas que el pueblo argentino consagró en su lucha contra la siniestra herencia dictatorial y en el Argentinazo de 2001, y que ya son parte de la memoria histórica regional: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”, y “¡Que se vayan todos!”. Como dijo un joven protagonista de las manifestaciones: “Estamos cansados de que sea siempre el mismo discurso. Queremos con vida a los 43... Las protestas se van a continuar... Ya no confiamos en ninguno de los políticos”.
Los normalistas rurales, los padres de los 43 normalistas y diversas organizaciones sociales organizaron caravanas recorriendo varios estados del Norte y el Sur del país que confluirán el 20 de noviembre en ciudad de México. Las tres columnas llevan los nombres de los tres alumnos asesinados en la movilización brutalmente reprimida el 26 de septiembre.