[Vamos! Nº 41] Campesino asesinado en Santiago del Estero. La movilización popular logró el procesamiento de los sicarios que le dispararon y del terrateniente sojero Jorge Ciccioli, autor intelectual.
El juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra comenzó el pasado 4 de noviembre en la localidad de Monte Quemado, a 320 kilómetros al noreste de la capital santiagueña. Los acusados son Javier Francisco Juárez (acusado de disparar la escopeta que mató a Ferreyra e hirió a Darío Godoy), Walter y Hugo Juárez, y los hermanos Carlos y Mario Abregú. Todos ellos integrantes de la banda armada que atacó a los campesinos. Además, el terrateniente sojero Jorge Ciccioli está acusado del delito de homicidio simple, lesiones graves, amenazas y abuso de armas, y como partícipe secundario, por ser el autor intelectual del crimen. Es la primera vez que se logra enjuiciar a un terrateniente como autor intelectual, lo que genera un importante precedente.
Cristian Ferreyra era militante del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) y tenía 23 años de edad cuando fue asesinado a manos de estos sicarios al mando del terrateniente Jorge Ciccioli. El hecho sucedió el 16 de noviembre del 2011 en la comunidad de San Antonio, departamento de Copo, al norte de la provincia. También fue herido Darío Godoy, de 26 años, y su mujer, quien fue golpeada a patadas y culatazos. El conflicto con este terrateniente había comenzado varios meses antes cuando alambró un campo de 3.500 hectáreas, dejando adentro y sin salida al exterior a una escuela pública de la provincia. El gobierno provincial de Zamora nada hizo al respecto y los campesinos del MOCASE comenzaron organizarse para frenar esta usurpación y los desmontes que se multiplicaban. En ese contexto fue asesinado Ferreyra.
En las audiencias se demuestra el accionar de los terratenientes, cómo van usurpando terrenos apoyados por verdaderas bandas paramilitares con el silencio cómplice del Estado. Se mostraron imágenes satelitales –que la Jueza no aceptó como evidencia– que muestran cómo se han ido desplazando los alambrados y los desmontes durante los últimos años. Además varios testigos dieron cuenta de las constantes amenazas que sufren las familias campesinas para abandonar sus tierras.
Esta violencia constante se ha agravado en los últimos años con el boom sojero. Nada de esto sería posible sin la complicidad del Estado (nacional y provincial) que permite los desmontes y facilita la sojización con sus políticas. Es evidente la convivencia de la policía y estas bandas paramilitares. También el accionar cómplice de la “Justicia”.
Por último, es de destacar que el MOCASE denuncia que hay alrededor de 63 mil familias campesinas que se encuentran amenazadas y que son alrededor de 9 millones de hectáreas las que están en disputa. El problema de fondo es la tenencia de la tierra. “Ni un muerto más por el derecho a la tierra, Cristian Ferreyra presente”.