[Vamos! Nº 40] 43 estudiantes desaparecidos en México. Continúan las movilizaciones en México en reclamo por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
México es un torbellino de movilizaciones por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. El 23 de octubre se movilizaron 60 mil personas en el Distrito Federal y cientos de miles en los 31 estados mexicanos. El 22 de octubre una movilización terminó con el incendio del palacio municipal de Iguala. Una semana antes, otros manifestantes quemaron el palacio de gobierno y el ayuntamiento en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Entre otros los ayuntamientos tomados son Alpuyeca, Atoyac, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Iguala, San Luis Acatlán, Tecpan, Tlapa, Tixtla y Xochihuehuetlán.
En el marco de un paro estudiantil de 72 horas, el 30 de octubre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Oaxaca. El 31 de octubre miles de estudiantes de las tres Casas de estudios más importantes de México, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN), marcharon en el DF.
Se realizaron simultáneamente movilizaciones en distintos puntos del país al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, se cerraron gasolineras, bloquearon carreteras y, en Chihuahua, los puentes internacionales de Ciudad Juárez a El Paso, Texas. Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tomó el peaje de la autopista México-Cuernavaca para permitir el paso libre de los vehículos, a los cuales les pidieron una cooperación económica que harán llegar a la Normal de Ayotzinapa.
El gobierno, apretado
El 23 de octubre cayó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, obligado a pedir licencia de su cargo tras la ola de protestas. Pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al igual que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, indicado por ser quien habría ordenado el ataque a los estudiantes. Abarca ya había pedido una licencia de 30 días el 30 de septiembre y huyó junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, cuya familia está vinculada con el cártel de los Beltrán Leyva. En medio de esta crisis política, la “Asamblea Nacional Popular de México” de Ayotzinapa -conformada para demandar el regreso con vida de los 43 estudiantes desaparecidos- exigió que un representante de la “sociedad civil” asuma la gobernación de Guerrero.
Padres y familiares de los estudiantes desaparecidos denunciaron que representantes del gobierno de Guerrero les habían ofrecido 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar a sus hijos.
La semana pasada, luego de ser recibidos por el presidente Peña Nieto, los familiares de las víctimas declararon: “Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque [Peña Nieto] quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos”, explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es un crimen de lesa humanidad”, dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro de los padres, y convocó “a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos”.