El kirchnerismo presentó un proyecto de nueva ley de telecomunicaciones en el Congreso. La propaganda oficial señala que con esta ley se “declara como servicio público esencial y estratégico a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)”, con lo cual el gobierno podría fijar las tarifas. Además, afirman que habría “mayor competencia”, al permitir que las empresas de comunicaciones puedan poseer también medios audiovisuales.
A partir de la nueva ley, el usuario podrá recibir todos los servicios en su hogar a través de un mismo cable (red única): telefonía, televisión e internet. Este fue precisamente uno de los puntos que debió resignar el gobierno para lograr los votos que aprobaron la Ley de Medios en 2009. El cuestionamiento era que beneficiaba particularmente a Telefónica, que posee además a Telefé.
Durante todo este período desde la aprobación de la Ley de Medios, Martín Sabbatella, que preside el AFSCA, no emitió ningún dictamen para la adecuación de Telefónica a la Ley de Medios. Hoy, el gobierno estaría a punto de lograr avanzar en su objetivo inicial y legalizaría la situación de este grupo. Obviamente quién primero salió a cuestionar el proyecto es el grupo Clarín, reacio también a adecuarse a la Ley de Medios. Aunque Sabbatella afirme que la nueva ley de telecomunicaciones amplia la competencia y garantiza “mayor libertad de expresión”, se trata en realidad de una disputa entre monopolios de la comunicación, que dista mucho de la “libre competencia” y expresa en cambio una disputa en el seno de las clases dominantes.
El hecho que el gobierno pueda llegar a fijar las tarifas tampoco garantiza precios populares. Basta con ver los aumentos en los servicios públicos de energía y en transporte (a lo que debemos sumar los aumentos que ya planificaron). Si el gobierno quisiera realmente avanzar en democratizar la comunicación, debería empezar por garantizar el acceso de los medios populares y sin fines de lucro a créditos, subsidios y el 33% del espectro de señales que le corresponderían según la Ley de Medios, que sigue sin cumplirse a cinco años de su aprobación. ¿Para cuándo?