El gobierno y la “justicia” oficial siempre presentaron la matanza de Acteal como una pugna entre grupos indígenas, ignorando todas las evidencias y testimonios que indican la responsabilidad de grupos paramilitares vinculados al gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo y a altos funcionarios de Chiapas y mandos militares.
La decisión del tribunal supremo, en medio de la conmoción nacional por el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa, sólo puede estar preparando más impunidad para los responsables de crímenes contra el pueblo mexicano. Pero la movilización de éste y la activa solidaridad latinoamericana sabrán hacer verdadera justicia.