Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe pusieron nuevamente en debate el uso que se hace del suelo. En particular el que se encuentra en las cuencas de los ríos, en este caso el Luján y el Delta del Paraná, principal reserva de agua a nivel nacional.
El fenómeno climático son las grandes lluvias, cuya génesis no está exenta de arduo debate. Pero una vez que el agua cayó a tierra, cómo escurre, se evapora o se infiltra tiene que ver con la acción del hombre.
Organizaciones vecinales, sociales, técnicas y científicas han dado su voz de alarma desde hace años, y a pesar de estar incumpliéndose con leyes nacionales y provinciales y de disponer de diversos informes científicos, no han sido escuchados. En artículos previos del Vamos! hemos ido analizando y desarrollando este problema a raíz de anteriores inundaciones en La Plata y Capital Federal.
¿Qué conjunto de factores que son política oficial se han puesto nuevamente en evidencia?
La sojización
La política de hiper-especialización de producción de soja llevó a que la extensión de la frontera agropecuaria, facilitada por el mecanismo de siembra directa, ocupó humedales y zonas no tradicionales para la agricultura. En el proceso de cambio de uso de la tierra se reemplazaron ecosistemas naturales (pastizales, bosques y humedales) por agro-ecosistemas artificiales, simplificados, mantenidos por una intervención tecnológica intensiva y sostenida. Se desforestaron 4 millones de hectáreas y se alentó el corrimiento de las tierras dedicadas a explotación agrícola-ganadera sobre los ecosistemas naturales. Una parte de la ganadería se fue a la región chaqueña y otra a los humedales fluviales del Paraná y otros ríos. También se impulsa con subsidios desde el Gobierno nacional la ganadería en feed lots (lotes de engorde) para destinar más terrenos a la soja.
A esto se suman los cientos de emprendimientos urbanos, endicamientos para proteger los campos de soja, humedales disecados y una explosión ganadera en las islas que pasó de 160 mil cabezas a cerca de dos millones en diez años. Eso trajo la construcción de obras asociadas a esa nueva actividad levantados por esas mismas grandes empresas, como cerca de 5.100 kilómetros de terraplenes, la formación de loteos, parcelas que antes no existían, la instalación de cercos eléctricos, así como la proliferación de los canales clandestinos.
Los mega-emprendimientos inmobiliarios
A esto se suma la generalización de mega-emprendimientos inmobiliarios sobre humedales y cauces de ríos. En la provincia de Buenos Aires, a través de una política de Estado firmando un conjunto de ordenanzas y decretos, distintas autoridades abrirían las puertas a la especulación inmobiliaria urbanístisca e industrial permitiendo la instalación de barrios cerrados e industrias en miles de hectáreas sobre humedales y cauces de ríos y arroyos, desagües naturales en los partidos de Lujan, Campana, Escobar, Pilar y Tigre. Según el censo del 2010, hay 270 urbanizaciones que ocupan entre 2.000 y 10.000 hectáreas, el 90% situadas en la cuenca del río Luján, en el valle de inundación.
Se construyeron mega-emprendimientos de barrios polderizados que perforan el acuífero y suelo de los cauces, y extraen los sedimentos que lo conforman. Generan así profundas cavas de alrededor de 20 metros de profundidad –a las que transforman en lagunas artificiales con agua de las napas de agua– y sobre-elevan el terreno dentro del barrio cerrado respecto del entorno.
De este modo, los humedales progresivamente ocupados alteraron el normal recorrido del agua durante las crecidas provocando inundaciones debido al estrangulamiento y taponamiento de los cauces principales. Ésta es una creación artificial a expensas de destruir la verdadera naturaleza y su historia. También se les ha quitado a los bonaerenses varios kilómetros de costa que eran espacio público, el espacio democrático por excelencia.
El mercado manda
Este proceso es además responsable de la migración hacia los centros urbanos, ya que muchas comunidades que vivían de las producciones familiares han perdido su modo y medio de vida y de producción.
La falta y el abandono de planes de ordenamiento integral está vinculado a la política de financiamiento directo del gobierno Nacional a los municipios, coordinada desde el Ministerio del Interior, que facilitó la desintegración regional de la problemática, alentado obras de ingeniería puntuales, parciales e inconexas que agravan la situación. Porque, en definitiva, los gobiernos subordinan las políticas públicas al (neo-)desarrollo del negocio inmobiliario y la especialización sojera, de los cuales son generosos promotores.
