El 7 de octubre, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictó la sentencia del juicio a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por los secuestros y desapariciones de obreros ceramistas (de las empresas Lozadur y Cattaneo) y navales (de los astilleros Astarsa y Mestrina) de la zona norte del Gran Buenos Aires. Fueron condenados seis de los nueve acusados.
Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, recibió prisión perpetua y Reynaldo Bignone 23 años de cárcel. Los otros cuatro condenados recibieron entre 9 y 17 años de prisión. Todos los imputados por los casos de los ceramistas fueron condenados, aunque a prisión domiciliaria y no a cárcel común.
Tres prefectos acusados por los secuestros de los obreros navales, finalizado el juicio, se levantaron del banquillo de los acusados y salieron libres del Tribunal, que los absolvió luego de anular una prueba testimonial.
El juicio abarca a militares, policías y prefectos. No incluye a los dueños de las empresas, los directores y personal jerárquico, comprometidos con los crímenes de la dictadura.
Entre los ceramistas de Lozadur secuestrados se cuenta a Sofía Cardozo, quien fuera militante del PCR y activa partícipe de una de las primeras luchas obreras bajo la dictadura.
Lozadur -con más de 1000 obreros- y Cerámicas Cattáneo -con más de 500- eran las dos fábricas de cerámicas más grandes de la zona. En 1977, luego del cierre de la fábrica y el despido de cientos de obreros, los trabajadores continuaron su lucha. La dictadura secuestró a cuatro obreros de Cattaneo el 27 de octubre, tres de ellos en la propia planta de la empresa. Y el 3 de noviembre Sofía Cardozo fue secuestrada de su casa. Felicidad Abadía, Dominga Abadía, Elba Puente, Ismael Notaliverto, Francisco Palavecino y Pablo Villanueva fueron los otros seis trabajadores de Lozadur secuestrados.