[Vamos! Nº38] Bestial ola represiva contra estudiantes y jóvenes en Iguala (Guerrero). Al menos 34 estudiantes asesinados y 15 que aún permanecen desaparecidos tras la represión policial. Se produjo a días de cumplirse un nuevo año de la masacre de estudiantes 1968. El gobierno de Peña Nieto trata de acallar las protestas contra su política privatizadora. Se agiganta la movilización popular por aparición con vida y castigo a los responsables.
México está estremecido por un nuevo genocidio. Al cierre de esta edición de Vamos!, peritos de la Procuraduría confirmaron que una veintena de cuerpos calcinados hallados en fosas clandestinas pertenecían a estudiantes desaparecidos. La zona se encuentra sitiada por fuerzas represivas estatales.
Desde el 26 de septiembre, 43 estudiantes de escuelas de maestros rurales en el estado sureño de Guerrero seguían secuestrados y desaparecidos, una semana después de la matanza provocada por policías y civiles encapuchados que reprimieron y persiguieron a balazos una manifestación en la ciudad de Iguala. Allí mismo fueron asesinados 6 jóvenes y gravemente heridos otros 25. Sus familiares convocaron a una marcha nacional para el miércoles 8 de octubre exigiendo su aparición con vida, mientras que estudiantes de las normales rurales —donde estudian principalmente jóvenes indígenas campesinos— declararon una huelga indefinida hasta que aparezcan sus compañeros.
Testigos de la marcha vieron que los estudiantes eran subidos a varias patrullas por los policías que los atacaron cuando se retiraban en micros privados, y a estudiantes sangrando en la calle después del ametrallamiento de los colectivos.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) apoyó la convocatoria de la protesta del 8 de octubre, y llamó a su vez a un paro en solidaridad el mismo día en varios estados del país.
22 policías de la ciudad de Iguala fueron detenidos. Pero el propio gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, declaró que “la mayoría de los policías municipales de Iguala tienen vínculos con la delincuencia organizada”. Eso en los hechos significa, igual que en muchos otros países latinoamericanos, que la “seguridad pública” está en manos de sectores oligárquicos y gubernamentales ligados a las mafias de la droga, la prostitución y la bebida, y a la vez son la base de los “grupos de tareas” para la represión al pueblo.
A 46 años de Tlatelolco
La matanza y los “desaparecidos” de Iguala se produjeron a pocos días de cumplirse 46 años de aquel 2 de octubre de 1968, cuando una bestial represión minuciosamente organizada por la policía del presidente Gustavo Díaz Ordaz asesinó a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio Tlatelolco de la ciudad de México, en medio del gran auge de luchas estudiantiles y juveniles, revolucionarias y antiimperialistas de entonces, en México y en el mundo.
Este último 2 de octubre, en Guerrero, la marcha conmemorativa de la masacre de Tlalelolco sirvió de escenario para exigir justicia y castigo por los jóvenes y estudiantes muertos y secuestrados el 26 y 27 de setiembre en Iguala. En su convocatoria pública, el comité de movimientos y organizaciones sociales que organizó la jornada señaló que “Vivimos momentos muy delicados en el país, con una economía estancada, con altísimos niveles de desempleo, caída de los salarios reales y aumentos de la pobreza entre la población”. “El pliego petitorio del 68 mantiene su vigencia —subraya— cuando estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala… fueron ametrallados por fuerzas policiales”. La declaración se pronuncia contra las reformas estructurales liberales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y llama a frenar “la entrega de los recursos nacionales energéticos al extranjero”.
Carteles y pintadas en las paredes exigían: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”; “Ni perdón ni olvido”, y que se inicie un juicio político contra el gobernador de Guerrero.
Luchas estudiantiles contra la privatización
El gobierno de Peña Nieto es directamente responsable de la barbarie antipopular desatada en el estado de Guerrero. En todo el país viene creciendo la ola de luchas estudiantiles contra las políticas del gobierno, de privatización de la educación pública.
Apenas un día antes de la matanza de Iguala, el jueves 25 de setiembre, se había llevado a cabo en la propia capital mexicana una gigantesca manifestación estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Decenas de miles de estudiantes de las 44 escuelas técnicas del IPN desbordaron las calles de la Ciudad de México en una “megamarcha” rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir el cumplimiento de un petitorio de 10 puntos que incluye: cancelación de los planes y programas de la reforma en marcha, destitución inmediata de la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, democratización del IPN, y retiro inmediato de la policía de las escuelas.
En México las dos instituciones más importantes y numerosas de educación superior son la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) y el Politécnico, ambos hasta ahora estatales. Pero el gobierno de Peña Nieto, continuando los planes de otros anteriores, profundizó la implementación del programa proimperialista que en todo el mundo ha venido aplicando la “modernidad” privatizadora. La reforma en curso promueve la fragmentación en carreras cortas para sacar “técnicos superiores” o profesionales baratos al servicio de las grandes industrias y bancos. Una política coherente con el proyecto oficial oligárquico y privatizador, que ya hizo aprobar en el Parlamento la “apertura” de la histórica petrolera estatal Pemex al capital imperialista.