[Vamos! Nº38] 29º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES - SALTA - 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE. Femicidios, mujeres secuestradas por redes de trata, muertes por abortos clandestinos… Son las formas más extremas de una violencia que las mujeres sufrimos cotidianamente en el trabajo, la casa, el barrio o la escuela. En el Encuentro Nacional de Mujeres miles debatiremos y cuestionaremos la realidad que vivimos a diario.
Los femicidios de Paola y Melina conmovieron al pueblo y abrieron un profundo debate sobre las causas de la violencia hacia las mujeres. Una trágica realidad que se repite cada 30 horas, contabilizando alrededor casi 300 femicidios por año. A esta ya de por sí cruda realidad se suma la explotación en manos de redes trata y prostitución. Son 600 las mujeres secuestradas por estas redes. Y son cientos las muertas y hospitalizadas por abortos clandestinos.
Estos casos, si bien son las formas más extremas, son parte de una violencia que las mujeres sufrimos cotidianamente en el trabajo, la casa, el barrio o la escuela. Porque el femicidio es el corolario de otros tipos de violencia previos, en muchos casos naturalizados o tolerados por el sentido común patriarcal.
Las mujeres enfrentamos esta opresión y somos las más afectadas por la crisis, porque tenemos los empleos precarizados y somos las primeras en ser despedidas. En general ganamos menos que los varones, no hay jardines en los lugares de trabajo, ni licencias cuando se enferman nuestros hijos, además de ser acosadas o discriminadas.
¿Qué hace el Estado?
El Estado no está ausente. Viene garantizando las condiciones para que las grandes empresas puedan explotar y despedir trabajadores y trabajadoras, y en la represión de las luchas de quienes se organizan para luchar por salarios y contra los despidos.
También es cómplice del funcionamiento de las redes de trata y prostitución, como quedó demostrado con el caso Marita Verón. El caso del femicidio de Paulina Lebbos en Tucumán puso de relieve cómo las fuerzas de seguridad y el sistema judicial actúan como garantes de la impunidad de estas mafias y de distintos crímenes perpetrados por personajes vinculados al poder político.
Tampoco hay desde el Estado una política para prevenir y terminar con la violencia hacia las mujeres. No sólo no se destina presupuesto para refugios, capacitación y prevención, sino que se deja en el más completo desamparo a las mujeres que se deciden a hacer la denuncia, siendo así un blanco fácil para los golpeadores. En muchos casos son las mismas instituciones y funcionarios del Estado quienes ejercen violencia hacia las mujeres que dicen proteger.
¿Y el Gobierno?
En todos estos años el Gobierno no ha impulsado medidas tendientes a impedir los actos de discriminación laboral, ni tampoco que reglamente la creación de jardines. Las licencias específicas siguen siendo una cuenta pendiente.
En cambio, viene estrechando cada vez más la relación entre Iglesia y Estado. Sobre todo a partir de la asunción de Bergoglio como Papa. Esto se expresa en trabas para la aplicación de las leyes de educación y salud sexual y reproductiva, en el cajoneo de tantos años del proyecto de legalización del derecho al aborto, y en nuevo Código Civil y Comercial.
Parte de la liberación
En las luchas por nuestros derechos vamos arrancando conquistas y vamos descubriendo a los responsables políticos de nuestra doble opresión. Pero terminar con las raíces de esta opresión requiere avanzar en un proceso revolucionario de liberación nacional y social, que destruya este Estado de las clases dominantes, principal garante de la explotación de clase y la opresión de género.
Por eso cada vez somos más las que nos organizamos en agrupaciones de mujeres, como Insurrectas – Mujeres por la Liberación, e impulsamos la creación de secretarías o comisiones de mujeres en sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones barriales, etc. Para que las mujeres junto a todo el pueblo seamos protagonistas de las luchas.
