[Vamos! Nº39] .La horrorosa matanza y secuestro de estudiantes sigue impune. El gobierno de Peña Nieto finge buscar a los 43 estudiantes aún desaparecidos, pero trata de confundir y tapar las huellas de su complicidad criminal.
El miércoles 9 de octubre, decenas de miles de estudiantes, profesores, militantes, artistas, integrantes de organizaciones sociales y familiares de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa (cerca de Iguala, en el estado de Guerrero) secuestrados el 26 de setiembre y aún desaparecidos, se movilizaron en 27 estados de México y en la capital, exigiendo la aparición con vida de los estudiantes y castigo a los responsables.
En Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal, donde se realizaron las mayores manifestaciones, se realizaron cortes de ruta y tomas de edificios gubernamentales y de colegios. En Chilpancingo marcharon alrededor de 20 mil personas, que finalmente instalaron un acampe por tiempo indefinido; miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero (CETEG) tomaron tres bancos y una famosa tienda comercial. En Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron por más de nueve horas refinerías, aeropuertos, autopistas, comercios y oficinas del gobierno y se suspendieron las clases en más de 13 mil escuelas.
En San Cristóbal de las Casas (Chiapas), maestros y estudiantes realizaron una marcha de silencio, en la que participaron miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En la semana siguiente crecieron y se multiplicaron las movilizaciones. El lunes 13 estudiantes normalistas hicieron sentir su furia ante la brutal represión asaltando y quemando el Palacio de Gobierno de Guerrero en la capital de ese estado, Chilpancingo. “Esto no va a parar hasta que no demos con nuestros amigos. Han pasado 18 días y no sabemos nada de ellos”, dijo uno de los dirigentes estudiantiles. El martes 14 más de 2.000 estudiantes procedentes de la vecina Michoacán viajaron a la Escuela Rural de Ayotzinapa para apoyar a sus compañeros en la lucha para dar con el paradero de los compañeros secuestrados por la policía y los narcos.
Los narcos, dentro del Estado
En Guerrero todo el mundo lo sabe: el silencio de los gobiernos nacional y estadual sobre el horroroso secuestro y probable matanza de más de 40 estudiantes revela la responsabilidad y complicidad oficial con las mafias de la droga y la prostitución, que a la vez son la base de los “grupos de tareas” para la represión al movimiento estudiantil y al pueblo. Pero la represión, en lugar de aplastar el movimiento, empujó movilizaciones que en México no se producían desde hace décadas.
Por eso las autoridades se lanzaron con precipitación a abrir decenas de fosas comunes —de las tantas que saben que hay—, no con el fin de esclarecer los hechos sino de impedir que se conozca la verdad. Incluso se afirma que Peña Nieto protege al gobernador Aguirre Rivero y al fugado alcalde de Iguala Abarca Velásquez, que las autoridades maniobraron para facilitar la fuga de algunos de los responsables antes de la investigación, y para ejecutar a algunos implicados “incómodos”.
La lucha de cientos de miles de estudiantes y jóvenes mexicanos, y su convocatoria a una jornada nacional el miércoles 22 de octubre por la aparición con vida de sus compañeros y el castigo a los responsables, desnuda la esencia de ese estado reaccionario, oligárquico y proimperialista, preocupa al socio yanqui que ponía al neoliberal Peña Nieto y al pretendido “milagro” mexicano como modelo para América latina, y pone un freno a las intenciones oficiales cada vez menos ocultas de imponer un indisimulado régimen dictatorial