La semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Azul rechazó el pedido de prescripción de la causa que investiga si el terrateniente Mario Cerviño cometió el delito de falsificación de instrumento público para apropiarse de forma fraudulenta de las tierras que pertenecían a Tandilia SRL. Estas tierras, justamente, son las que 130 familias vienen ocupando desde hace dos meses, luchando por tierra para una vivienda digna. El pedido de desalojo, realizado por Cerviño, se fundamenta en títulos de propiedad que pueden ser declarados nulos a raíz de esta investigación.
Lo llamativo del asunto es que, días después al cierre de esta edicción, llegó la noticia de la resolución judicial que ordena el desalojo. Las familias están dispuestas a defender su derecho a vivienda, por lo que se espera un enfrentamiento.
Prescripción denegada
En relación a la fundamentación de Cerviño, Griselda Altamirano, referente de la ocupación, manifestó que “el argumento que utilizan es el de economía procesal, o sea que el Estado no gaste plata en algo que después no va a ser demostrado. Sin embargo el pedido de prescripción fue rechazado tres veces en una investigación que no avanzó nada”. Primero fue rechazado por el fiscal, luego por la jueza a cargo y ahora por la Cámara. Con el pedido de prescripción, desde un inicio Cerviño no intentó demostrar su inocencia, sino que el delito fue consumado hace ya demasiado tiempo. Lo que corresponde ahora es que la Justicia investigue este delito.
Altamirano manifestó que “nosotros queremos exigir no se resuelva la causa del desalojo sin antes saber si el que denuncia tiene derecho a denunciar”, y reclamó que “con la misma celeridad que ellos impulsan la causa de desalojo, investiguen de quién es la tierra”. Entonces insistió: “No hay delito de usurpación, y si la tierra efectivamente es de Tandilia SRL, lo tiene que investigar la Justicia”.
Conflicto por el desalojo
Recordamos que con una rapidez inusitada, la jueza la jueza Stella Maris Aracil ordenó un desalojo parcial. El fiscal Luis Humberto Piotti quiso ir más lejos y apeló para que sea un desalojo completo. Los ocupantes han apelado contra el desalojo y están dispuestos a resistir.
Los ocupantes han enfrentado el hostigamiento judicial y mediático orquestado desde el Municipio, gobernado por el radicalismo. El presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, también está denunciado en la causa por su asociación con Cerviño. Pero, al fin de cuentas, lo que se va demostrando es que los únicos delincuentes son Cerviño y los funcionarios que lo apañan.
Hay que recordar que también está pendiente el pedido de recusación del fiscal Humberto Piotti, por falta de objetividad, ya que intentó extorsionar a Griselda Altamirano e intentó sacar información a su empleada doméstica que se encontraba acampando. Mientras la batalla judicial continúa, los ocupantes están dispuestos a defender el derecho a la tierra y vivienda.