Los trabajadores del Garran exigían en 2005 un
salario igual a la canasta familiar, evitar el desmantelamiento del hospital, y
en defensa del hospital público.
Sostuvieron un paro durante ocho meses,
rodeado de solidaridad, y manteniéndose las guardias mínimas durante el período
de la medida de fuerza.
Lograron un aumento del cincuenta por ciento,
incorporación de más enfermeros, y que se instalara un resonador nuclear
magnético. También se lograron mejoras edilicias.
Los delegados de la Junta Interna dirigieron
el conflicto manteniendo asambleas democráticas y resolutivas.
El gobierno de Kirchner les armó una causa
judicial por amenazas y coacción. Los acusaron de amenazar a los inspectores
del ministerio de trabajo que insistentemente se presentaban en el hospital para
constatar que se cumplían las guardias mínimas.
La causa penal
La estrategia judicial fue iniciada por el
gobierno de Néstor Kirchner y continuada por el de Cristina Fernández de
Kirchner. En su momento, incluso catalogaron a los delegados del Garrahan de
“terroristas sanitarios” en las propias palabras del entonces ministro de salud
Ginés González García. Tal vez poniendo a prueba la flamante Ley Antiterrorista
impulsada por los K.
Dictada la falta de mérito y el
sobreseimiento en primera instancia, se le buscó la vuelta para igual llevarlos
a juicio oral.
Se retomó la causa penal en abril de este año.
Se rodeó una vez más de solidaridad a los delegados y trabajadores, haciendo
campañas públicas por su absolución.
El giro en el juicio iniciado el 8 de abril
surge de las declaraciones de las supuestas víctimas, quienes testimonian que
la decisión política de llevar el tema al ámbito judicial había emanado de una
orden de la vice ministra de trabajo Noemí Rial. La misma que en el conflicto
ferroviario donde asesinaron a Mariano Ferreira en 2010 habló directamente con
Pedraza para unirse en la complicidad represiva contra los trabajadores.
La inspectora “amenazada” Iris Moyano declaró
que respondió a una orden. Reconoció que no había sufrido amenazas. Simplemente
obedeció a sus autoridades.
También testimoniaros a favor de los
trabajadores el ex diputado Luis Zamora, el periodista Pablo Llonto y padres de
niños internados.
El fiscal pidió la absolución de los acusados
Eduardo Luis García y Adriana Aguero (ambos enfermeros), Gustavo Daniel
Lerer (bioquímico) y Marcelo Aníbal Mansilla (técnico de laboratorio) porque no
hubo delito, sino que se “armó” una causa. Fueron absueltos el 12 de abril por
los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29.
La lucha del 2005 protagonizada por los
trabajadores del Garrahan es emblemática e impuso la canasta familiar como
referencia para los salarios. También es emblemática porque muestra la política
de persecución gubernamental contra este ejemplo de lucha.