En el marco de las inundaciones por el temporal es que tenemos que lamentar la muerte del compañero Antonio Villares, trabajador del sector bombas del Taller Catedral, en la estación Los Incas de la B. El compañero se electrocutó trabajando para desagotar el agua que caía en cascada desde las escaleras e inundaba las vías.
Los trabajadores de la B, con mucha bronca, lanzaron un paro de repudio, pedido de justicia y condiciones de seguridad que luego se extendió a todas las líneas.
Con un cinismo sin límites, la empresa acusó de actuar negligentemente al compañero fallecido. Pero las denuncias de los trabajadores por las condiciones de seguridad se apilaron por años. Nadie hizo nada y ya van 3 muertes en el último año y medio. No son muertes casuales, son producto de una política continua de vaciamiento, desinversión y falta de mantenimiento de la empresa para aumentar sus ganancias, con la infaltable complicidad del gobierno nacional (y ahora el de Ciudad), que no controló y hasta subsidió a Metrovías.
A 3 MESES DEL TRASPASO
Ya se vislumbra que los trabajadores y usuarios retrocedieron. Se aprobó el proyecto de Macri, sin las bestialidades del original, pero con aspectos negativos vinculados a sanciones y el derecho a huelga. Sigue Roggio y no hay una auditoria seria de su gestión. Tampoco se habla de que Nación no controló, como sucedió en Once.
La empresa intentó sancionar a compañeros por participar de una asamblea junto a la UTA y el gobierno porteño. Le siguió el aumento a $3,50, que fue frenado con un fallo judicial. Ante esto Vidal esgrimió que sin aumento es imposible mejorar los sueldos, dejando ver que tarifa y salarios están atados.
Aun no hay noticias de la paritaria y la de 2012 se estiró todo el año. La discusión se da en el marco del tope de 22% del gobierno nacional por debajo de la inflación real; y del impuesto a las ganancias sobre el salario, que absorbe gran parte de los aumentos.
La última novedad son las terciarizadas. El macrismo envió personal privado a los talleres, acción que fue impedida por los trabajadores. Ahora intenta meter 400 empleados de seguridad en molinetes. El pretexto es que sería hasta que pueda capacitar a la metropolitana; se apoya en los robos a boleterías que vienen ocurriendo. El poder de policía no puede suplirse con trabajadores: es el Estado quien debe garantizar la seguridad. La realidad es que buscan meter mano de obra barata y precarizada y controlar a los trabajadores.
Si avanza la terciarización, se ponen en juego las 6 horas y el salario, ya que estas empresas pagan mucho menos y por fuera del convenio del subte, impidiendo el ascenso e ingreso de los compañeros.
La muerte del compañero reafirma que Metrovías no puede seguir al frente del subte. Y que el gobierno de Ciudad haya pasado a controlar varios de los negocios que antes tenía Roggio muestra que es posible que el Estado se haga cargo. Con todo esto y el freno al aumento se muestra que es posible para avanzar hacia la estatización con financiamiento estatal, sin operadores privados en los servicios públicos, con precio unificado del transporte urbano, mejores salarios y condiciones óptimas de seguridad.
La dirección de la AGTSyP debe trabajar con esta perspectiva, y en lo inmediato luchar por condiciones de trabajo y seguridad, justicia por los compañeros muertos, aumento del 30% y sin retención por ganancias, defensa del convenio y la bolsa de trabajo y por la personería gremial.
Corresponsal