Nadie desmiente que los reveses judiciales en la aplicación de la Ley de Medios es una de las motivaciones de las reformas del sistema judicial que impulsa el gobierno nacional. El kirchnerismo había lanzado una fuerte campaña con este eje, para la cual incluso utilizó los actos por los 37 años del golpe de Estado y también el repudio social ante la vergonzante absolución de los imputados en el caso de Marita Verón.
Sin embargo, del análisis de los proyectos presentados surge que poco tienen que ver con las medidas necesarias para agilizar los juicios a los genocidas. Por otro lado, también se desprende que el gobierno tiene otras cosas en mente. Tan incierto como las perspectivas electorales es la certeza de que las reformas afectarán temas cruciales como: el derecho de huelga, la posibilidad de interponer medidas cautelares contra cualquier medida del gobierno, los juicios laborales, al Estado o por las jubilaciones, o la reelección…
Sin cautela, con criminalización
El proyecto sobre las cautelares no sólo fue el último en obtener media sanción, sino también es el más grave. El gobierno nacional pretende justificar esta reforma para poner fin a los privilegios del grupo Clarín. Pero los principales perjudicados seríamos los trabajadores y el pueblo.
Por un lado, condiciona las medidas cautelares al “interés público” y se negará a ser otorgada cuando “perturbe los bienes o recursos públicos del Estado” (artículo 9 del proyecto). De aprobarse, los jubilados con juicios con el Estado ya no podrán utilizar este recurso. Tampoco los ahorristas perjudicados con el corralito de 2001 habrían cobrado, por la “emergencia económica”.
Esto se ve agravado porque -aún suponiendo que sea otorgada la cautelar- restringe su aplicación a seis meses, cuando ningún juicio civil dura menos de dos años.
Pero lo más grave es que el gobierno podría pasar a utilizar este recurso contra huelgas, cortes de ruta y la lucha social, amparado en este supuesto “interés público” y “cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y la regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos” (artículos 16 y 17).
Esto fue relativizado pero confirmado por el propio secretario de Justicia Julián Álvarez en el Congreso el pasado martes 16/4. Los encargados de llevar adelante este recurso serían los amigos de Pedraza: el ministro Carlos Tomada y su vice Noemí Rial. Ésta última entrenada en armar causas contra los trabajadores, como mostró el juicio contra los delegados del Garrahan.
Hay otros interesados en proyectos semejantes para sus jurisdicciones: también Macri en la CABA busca limitar las cautelares, que ya le frenaron el aumento del subte y la construcción de una Casa Ronald Mc Donald en el Hospital de Niños.
El gobierno avanza sobre el Poder Judicial
El gobierno ha logrado darle media sanción al proyecto que cambia la composición, la forma de elección, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Ahora, del total de sus 19 miembros que pasaría a tener, 13 podrían ser pertenecientes a la misma fuerza política que el presidente de la Nación. Al establecer el quórum del Consejo en la mitad más uno y el método de resolución por mayoría absoluta, el oficialismo se garantiza que con 10 de sus integrantes puede sesionar y tomar cualquier decisión. Así el gobierno avanza en su control sobre el Poder Judicial.
A esto se suma la creación de tres nuevas Cámaras de Casación: Contencioso Administrativo, Trabajo y Seguridad Social, Civil y Comercial. Menos decisión para la Corte Suprema. Pero sobre todo, más burocracia para los juicios que dilata aún más el pago de las sentencias; por ejemplo en juicios laborales, por jubilaciones o por inundaciones. Como siempre afecta más a los más necesitados.
Por otro lado, todas las designaciones de personal pasan a manos del Poder Ejecutivo, que podrá reasignar unilateralmente los lugares de trabajo y tareas. Los trabajadores judiciales además denuncian que no fueron incluidos ni siquiera como veedores en los concursos del personal y que se introduciría la figura de contratos de locación de servicios para cualquier tarea, precarizando el trabajo. Los trabajadores lanzaron un paro que ha sido masivo.
¿Independencia de poderes?
La oposición liberal plantea la defensa del sistema republicano y reclama por una “independencia” de los poderes. Desde esta argumentación en general ponen el centro de la crítica en los cambios al Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, tal independencia nunca existió. El Poder Legislativo otorgó los superpoderes al Ejecutivo cuando vieron peligrar la gobernabilidad por la crisis del 2001. En el Poder Judicial siguen ejerciendo cientos de jueces que fueron elegidos por la dictadura. También es distintivo el caso del juez Belluscio, que se mantuvo en la Corte Suprema, aún después de haber arrojado a su amante por la ventana, porque contó con el apoyo del gobierno de Raúl Alfonsín.
Entonces, los poderes de este Estado no son independientes sino que están al servicio de las clases dominantes y a la hora de la verdad rige el presidencialismo. Esto no es una desgracia argentina, sino que es la esencia del Estado en este sistema, analizada con precisión por Lenin en “El Estado y la revolución” (1917). El kirchnerismo busca ganar posiciones dentro de este Estado expresando los intereses de un sector de las clases dominantes; y muchos que hoy se oponen, en realidad defienden los intereses de otros sectores de las clases dominantes que no quieren retroceder.
¿Quién hace justicia?
Desde la óptica del pueblo, la elección por voto directo de algunos miembros del Consejo de la Magistratura en todo caso no alcanza para cambiar a esta institución reaccionaria creada por el Pacto de Olivos en la Constitución de 1994. Pero el punto es quién elije a los jueces y quién decide cada fallo.
Algunos otros proyectos, que apoyamos aunque no se escuchan por el Congreso en estos días, son: la instauración de juicios por jurados, la elección con revocatoria popular directa de los jueces, que no ganen más que cualquier trabajador. De este modo el Consejo de la Magistratura no tendría razón de ser.
Desde ya, si queremos justicia, también deben ser cerradas las causas contra los 5 mil luchadores populares y tomar medidas firmes para los juicios a los genocidas, como ser la apertura de todos los archivos de la dictadura.
Todo esto debe ser parte de la liberación nacional y social, sólo posible si es encabezada por la clase obrera, que destruya el actual Estado oligárquico-imperialista para instaurar un Estado de nuevo tipo