El gobierno logró aprobar en el Senado su proyecto de ley de pago soberano, con el que busca eludir el bloqueo impuesto por el juez Griesa sobre los pagos de deuda externa a los poseedores de Bonos 2005-2010 y seguir pagando la deuda ilegítima y fraudulenta.
A diferencia del proyecto original, en el que se imponía la jurisdicción argentina para los bonos de un nuevo canje, ahora con las modificaciones propuestas por el propio bloque oficialista, en caso de obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Bonos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina (que el gobierno emitió en 2005 y 2010), se ofrece a los tenedores un canje por nuevos Bonos regidos por legislación y jurisdicción argentina o francesa. Lo que a fin de cuentas deja prácticamente la opción de jurisdicción argentina como un mero dibujo.
Para lograr apoyo o abstención de algunos senadores opositores, además, incorporaron un artículo que crea una “Comisión Bicameral Permanente de Investigación del origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda exterior”. El problema, en este caso, no es que se cree una comisión del Congreso para investigar la deuda, sino que en estos diez años se haya desconocido el fallo del juez Ballesteros que demostró y dictaminó el carácter ilegítimo y fraudulento de esta deuda, que se haya pagado US$ 190.000 millones y que se continúe pagando. La ley aprobada no suspende el pago para investigar la legitimidad de la deuda. Por el contrario, como declararon los funcionarios del gobierno, busca asegurar que Argentina siga pagando.