El sábado 23 de agosto en un operativo conjunto, las fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Nación con la jueza a cargo, arrasaron con topadoras el barrio Papa Francisco.
Tras desalojar el barrio con el pretexto de un allanamiento, de los que periódicamente se realizaban, procedieron a cercar y demoler la totalidad de las construcciones.
Las fuerzas de seguridad buscaron y apresaron de inicio a un conjunto de delegados y referentes. Un total de 10 detenciones.
La gente solo alcanzó a retirar sus documentos y solo mas tarde llegó a retirar algunos electrodomésticos, pero el resto de sus pertenencias fueron aplastadas por las topadoras.
El asesinato de Melina López de 16 años la semana pasada y la movilización popular exigiendo justicia fueron usadas como pretexto para desencadenar el operativo de demolición, estableciéndose una llamativa “resolución” del delito penal. Porque mientras el asesino todavía no aparece, lo que desapareció fue todo un barrio en el que habitaban 700 familias en durísimas condiciones.
El Barrio Francisco es adyacente a la Villa 20 y auque prácticamente constituía una extensión de esta, las topadoras fueron rigurosas.
Lejos de terminar esta lucha por vivienda, para estas 700 familias todo vuelve a empezar. Algunos se pudieron retirar a lo de familiares, otros acamparon en las cercanías y muchos fueron llevados a refugios, separando terriblemente a las familias entre varones y mujeres con niños.
Cuando de desató la ocupación del predio, hace seis meses, desde el movimiento popular la solidaridad por la urbanización del barrio fue muy amplia.
Desde la Facultad de Arquitectura el Taller Libre de Proyecto Social elaboró y proporcionó un plan de urbanización, con edificaciones y formas acordadas
con los vecinos del asentamiento. Esto fue presentado y acompañado por un conjunto de legisladores en la comisión de vivienda de la legislatura.
Sin embargo ambos gobiernos, el de la Ciudad y el Nacional, lo único que hicieron fue censar a las 700 familias y dejarlas viviendo en condiciones críticas, a la vez que dejaron la zona “liberada” a los narcos y demás delincuentes. Por eso son ellos también los responsables de la muerte de Melina.
El pueblo no quiere villas, quiere urbanización. Las 700 familias censadas no quieren una villa en ese predio, quieren que el Estado urbanice y puedan acceder a esas viviendas. La lucha vuelve a empezar.