[Vamos! Nº37] Acuerdo por la nueva Ley de Hidrocarburos.Después de mucho discutir, gobernadores y presidenta se pusieron de acuerdo. Cristina Kirchner había hecho uso de su retórica “soberana”, impulsando un marco regulatorio para toda la Nación. Los gobernadores optaron por el llamado al “federalismo”, basándose en la Constitución de 1994 y en la llamada “Ley Corta” de hidrocarburos (2006). Pero naturalmente en este debate no pusieron en cuestión lo fundamental: el saqueo a nuestros recursos naturales. En eso están todos de acuerdo. La discusión se concentró en cómo profundizar esta piratería.
El objetivo declarado de la no tan nueva Ley de Hidrocarburos es “atraer inversiones”, extranjeras, buitres o imperialistas (como cada uno prefiera llamar). Tanto el Gobierno nacional como los provinciales les interesa concretar nuevas concesiones de explotación, especialmente las no-convencionales, tal como se mostró con Chevrón en la sociedad con YPF en Neuquén. Luego de incentivar la depredación de los buitres yanquis en Vaca Muerta, ahora el Gobierno busca que vengan más desde China y Rusia. Con este objetivo la ministra de Industria, Débora Giorgi, se encontraba en Rusia promocionando nuestros recursos ante directivos de las compañías estatales Gazprom (gasífera) y Rosneft (petrolera), como también con la privada Lukoil. El monopolio chino CNOOC ya está presente a través de Pan American Energy (PAE) en el área Lindero Atravesado y en otras tres áreas operadas por socios. Dos de ellas, Aguada Pichana y San Roque, constituyen la tercera y cuarta productoras gasíferas del país.
La urgencia del Gobierno nacional reside en dar respuesta a la creciente fuga de divisas por importación de energía, que en 2013 fue de 14 mil millones de dólares y que viene contribuyendo a bajar peligrosamente las reservas del Banco Central. La cuestión que tanto desvela a gobernantes es qué privilegios darán para suplicar por las inversiones y quién resignará ingresos: si el Estado nacional o las provincias. Resulta que, tras la atención especial que se le dio a Chevron, ninguna otra petrolera quiere ser menos.
Es así que finalmente acordaron la nueva ley. ¿Cuáles son los puntos “soberanos” y “federales” del acuerdo?
• Limitan las regalías a las provincias hasta un 12% (con posibilidad de aumentar hasta un 3% con cada prórroga, llegando a un tope máximo de 18%). Las regalías pueden ser reducidas hasta un 6% para proyectos especiales. Hoy, en algunos convenios llegan al 15%.
• Se quita para las concesiones nuevas el llamado “acarreo”, por el cual las provincias podían además participar de la ganancia petrolera a través de empresas del Estado provincial.
• Prohíben la determinación de áreas sin licitar especialmente reservadas al Estado, sea nacional o provincial.
• Determinan la libre disponibilidad del 20% de la producción convencional y no-convencional (es decir pueden exportar esta parte sin restricciones). Será del 60% en el caso de las explotaciones marítimas. Libre disponibilidad de las divisas de esos porcentajes (para remitir a sus casas matrices). Sería a partir de los 3 años.
• Permiten la importación sin límite del equipamiento para la producción hidrocarburífera.
• Aumentan los plazos de las concesiones a 30 años para las convencionales y a 35 años para las no-convencionales (extensibles a 10 más de prórroga). Los pozos convencionales podrían convertirse en no-convencionales, momento a partir del cual regiría un nuevo plazo de 35 años.
• La alícuota de ingresos brutos no podrá superar el 3% (entre Nación más provincia) y no podrá haber nuevos impuestos ni aumentos (esto no sería parte de la nueva ley pero sí de un pacto fiscal).
• Habrá un contrato modelo elaborado por la Secretaría de Energía para las nuevas áreas a licitar.
Podemos concluir que la soberanía no está en discusión. Ya está puesta en remate. Probablemente haya un crecimiento de la producción hidrocarburífera en los próximos años. Pero es sobre la base de hipotecar nuestro futuro, entregando nuestro gas y petróleo –un bien no renovable y estratégico–, confiando el “riesgo ambiental” a empresas tan experimentadas en contaminación como Chevrón, continuando con la suba del precio de los combustibles… En fin, se sostienen los puntos esenciales de los ’90. Porque, nuevamente, no se apuesta al desarrollo nacional independiente con una YPF 100% estatal.
