[Vamos! Nº 54] A 12 años del asesinato.
“Este gobierno ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias y jamás lo hizo. Lo único que nos dio, mientras juzgaban a Fanchiotti y Acosta, fue una verdadera burla. Después de mucho insistir para que abran los archivos de la Side nos dieron cuatro páginas del Diario Popular. Una clara demostración de la falta de voluntad política.”
Alberto Santillán, padre de Darío, en el acto-aniversario realizado el año pasado sobre el Puente Pueyrredón
El 26 de junio del 2002, a seis meses del Argentinazo, asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en medio de una brutal represión a una jornada de lucha convocada por organizaciones sociales y movimientos piqueteros de desocupados para enfrentar el hambre y desocupación del gobierno de Duhalde. Con los crímenes cometidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón –que a los dos muertos, sumó más de 30 heridos de bala de plomo– pretendían acallar al gigantesco movimiento popular que había protagonizado las jornadas del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
“La masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado contra el movimiento de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y fábricas recuperadas que enfrentó a los gobiernos de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la destrucción de la salud y la educación públicas (…) participaron las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE. Apostaron francotiradores, infiltraron agentes de civil, reclutaron policías retirados para que participaran de la cacería, asaltaron e incendiaron un colectivo de línea para culpar a los manifestantes”, describía el documento leído a 11 años de los asesinatos.
“Durante la noche de aquel 26 de junio –continúa–, los medios amplificaban las mentiras del gobierno. Aseguraban que los piqueteros se habían matado entre ellos. Clarín, beneficiado por Duhalde con la licuación de sus deudas, tituló al día siguiente ‘La crisis causó dos nuevas muertes’, a pesar de contar en su poder con las fotografías que demostraban, sin dejar ningún lugar a dudas, la responsabilidad de los policías Fanchiotti y Acosta en los crímenes de Darío y Maxi. Esa infamia fue desbaratada por la movilización popular y las organizaciones de lucha y por los trabajadores de prensa que sacaron a la luz las pruebas y testimonios de la masacre.”
Al día siguiente, una gigantesca movilización colmó la Plaza de Mayo y se replicó a lo largo y ancho del país. Finalmente Duhalde se vio forzado a anticipar las elecciones presidenciales.
Balanceando esa etapa, el CR en marzo de 2013 analizaba: “El Argentinazo del 2001 fue fundamentalmente una rebelión de los de abajo ante una gravísima situación económica y social, y desató la crisis política y de representatividad de las instituciones del Estado. La rebelión popular echó a De la Rúa y a Cavallo y se sucedieron en pocos días cinco presidentes, para caer luego en la inestabilidad del propio Duhalde”.
El documento del CR continúa: “Tras el Argentinazo, la masacre del Puente Pueyrredón a mediados del 2002 fue el punto de inflexión de aquella situación de crisis política. Mostró la inviabilidad de lo viejo, pero a la vez la imposibilidad del pueblo para imponerse frente a las armas de los comisarios Franchiotti, del Estado, de los que ‘no se iban a ir’ porque tienen que ser echados con un proceso revolucionario liberador. El kirchnerismo es un producto de este desenlace. No resuelve el conflicto fundamental en un sentido popular, sino que expresa el surgimiento de una nueva hegemonía en las clases dominantes, reorientando la matriz productiva y de exportación, aprovechando la devaluación duhaldista, con eje en la soja, la minería y el petróleo (hasta hace unos años), etc., junto al negocio automotriz, manteniendo la dependencia y, (después de su reestructuración y quita), el pago de gran parte de la deuda pública ilegítima y fraudulenta.”
Y en definitiva, durante estos doce años, el gobierno kirchnerista ha sido el garante de la impunidad de los asesinatos de Darío y Maxi. Jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la SIDE y mantuvo lo fundamental del aparato de la policía bonaerense. Con la lucha se logró la condena a prisión perpetua de los autores materiales, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Pero continúa la lucha por condenar a los responsables políticos como Duhalde, Solá, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Algunos de ellos integran aún hoy las filas del kirchnerismo y otros de la derecha opositora.