Un vallado policial impidió que la marcha llegara hasta Casa de Gobierno.
Dos nuevos femicidios azotaron Santiago del Estero: Luciana y Viviana. La respuesta de los familiares y de las organizaciones políticas y sociales fue, nuevamente, concentrarse el viernes 19 en Plaza Libertad y de ahí marchar hacia las instituciones del Estado que son responsables de haber desprotegido y desamparado a las víctimas. Esta nueva movilización tuvo el impulso también de la enorme jornada del 3 de junio, que conmovió a toda la sociedad y permitió que nadie fuera ajeno a este tema.
Viviana y Luciana se suman a larga lista de mujeres santiagueña asesinadas por sus parejas. Luciana Ferreyra –de 23 años, madre de cuatro niños y oriunda de la ciudad de Quimili– después de varias denuncias por violencia y sabiendo que corría riesgos huyó a la casa de su hermana en la localidad de Vinara. Luciana tenía judicializado su caso y existía una prohibición de acercamiento, a la que su ex pareja hizo caso omiso. La buscó y la mató.
Viviana Heimelfard –de 45 años–, el día que fue asesinada por su pareja Rene Sequeira, estaba esperando la llegada de la Policía para que se cumpliera la exclusión del hogar. Había tenido más de quince entrevistas en la Dirección de Género y tenía su causa totalmente judicializada. El nivel en el que habían calificado su informe era de riego medio. Viviana fue torturada, asesinada y luego quemada junto a sus dos hijos que lograron sobrevivir (internados en condiciones críticas en el Hospital).
La Dirección de Género fue la primera parada de la marcha en donde se leyó un breve y contundente documento, responsabilizando al Estado de la situación de agravamiento de la violencia contra las mujeres (ver aparte). Luego la marcha arribó a Tribunales donde la bronca y el dolor se transformó en una sola voz: “Ellas denunciaron y no las escucharon”.
El vallado policial impidió que la marcha continuara hasta Casa de Gobierno. Después de denunciar esta situación se dio lectura al documento consensuado por las organizaciones donde principalmente se exigía la inmediata declaración de la Emergencia en Violencia Doméstica y Sexual.
Además se denunció que “el estado y sus instituciones son responsables”, porque “comisarías, jueces y funcionarios re-victimizan y amparan a los violentos dejando en la impunidad a goleadores y femicidas, como el caso del femicida de Sonia Roldán, que gozaba de permisos especiales para salir de la cárcel. Éste y otros casos muestra la complicidad de un aparato estatal en seguir manteniendo el sistema patriarcal”.
Se puntualizó además la necesidad de presupuestar y reglamentar la ley provincial de violencia, la inmediata creación de los refugios para las víctimas, y vivienda y trabajo digno para las víctimas de violencia.
Se pidió también Justicia para Luciana y Viviana y todas las víctimas de femicidio en nuestra provincia, cadena perpetua para sus asesinos, investigación y sanción a los funcionarios públicos involucrados en el caso que no cumplieron y dejaron en el desamparo a las víctimas.
Corresponsal
Extracto del documento consensuado, leído frente a la Dirección de Género provincial.
“Dos mujeres santiagueñas víctimas no sólo de la violencia de género, sino también de la desprotección del Estado y del gobierno de Claudia Ledesma Abdala de Zamora que tenían la obligación a través de sus instituciones específicas de cuidarlas, protegerlas y ayudarlas.
Son responsables por inacción y omisión de las competencias que tienen para presupuestar y generar las medidas necesarias para parar los femicidios.
Son responsables porque llevan 3 años sin reglamentar la Ley provincial de Violencia N°7032.
Son responsables porque desde el 2012 que se presentó el pedido de emergencia en el Ejecutivo y posterior proyecto en Cámara de Diputados pero nunca fue tratado y desde entonces más de 25 mujeres fueron asesinadas en nuestra provincia.
Son responsables porque con un promedio de más de 4 denuncias por día con riesgo de muerte no existe en nuestra provincia un refugio ni mucho menos protección policial en la casa de la víctima.
Son responsables porque sostienen una estructura judicial y jueces que siguen apañando a femicidas con fallos y condenas vergonzosas.”