La economía brasileña se hunde cada vez más en la recesión. Según el Banco Central, acaba de cumplirse el tercer trimestre consecutivo de frenazo de la producción, y las inversiones entraron en su séptimo trimestre de caída. La creciente dependencia de las exportaciones brasileñas hacia China y la “asociación estratégica” con el gigante asiático dejaron al Brasil preso de los temblores de crisis en la propia potencia oriental, expresados en la caída de sus Bolsas y la devaluación del yuan. Y, siendo el principal socio comercial de la Argentina, la recesión brasileña golpea también a la economía de nuestro país.
Están lejos los días en que el neodesarrollismo de Lula Da Silva y Dilma Rousseff y la promoción del Brasil al grupo de los “emergentes” del grupo BRICS generó la ilusión de crecimiento y desarrollo, y de una salida de la dependencia y el atraso sin liquidar el latifundio ni el control de los resortes económicos fundamentales por los monopolios imperialistas (es decir manteniendo todas las estructuras de la dependencia y el atraso). Llegó la crisis, y Dilma no vaciló en descargarla sin miramientos sobre las espaldas populares. Con eso no hizo más que profundizar el desprestigio de su gobierno y las protestas contra la política ajustadora y proimperialista del PT, y facilitar así las maniobras de otros sectores proimperialistas de la oligarquía brasileña que embaten con la demanda de juicio político para voltear al gobierno de Dilma.
La crisis política se agudiza, además, porque tanto el oficialismo como la oposición están embarrados hasta el cuello en la interminable sucesión de escándalos de “corrupción” que involucra a las mayores compañías estatales empezando por Petrobrás , y cuyos hilos suben irremediablemente hasta la propia Dilma.
Ajustazo antipopular y entreguista
Desde que logró ser reelecta hace un año, la ex guerrillera Dilma adoptó el remanido plan ultraliberal de “austeridad” achicar el gasto público y aumentar la recaudación destinado a descargar la crisis sobre el pueblo. Recortó gastos y aumentó impuestos para recuperar la confianza de “los mercados”, “atraer” aún más inversiones extranjeras y pedir más préstamos. La propia designación como ministro de Economía de Joaquim Levy anunciaba esa línea. La política del PT, más preocupado por la “calificación” de un puñado de agencias imperialistas como Standard & Poors que por los millones de trabajadores y pobres del país, es cada vez más una especie de menemismo a la brasilera.
El gobierno “trabalhista” recortó gastos del Estado por casi 7.000 millones de dólares (lo que supone bajar el presupuesto de todo lo público, como la salud y la educación públicas); aumentó los impuestos, congeló el salario de los estatales (“ahorrando” a costa de los trabajadores, en un año en que se prevé una inflación del 10%); y achicó en un 50% los subsidios a los agricultores.
El recorte golpea duramente a los sectores populares, en momentos en que la crisis brasileña ya se traduce en el parate de numerosas ramas industriales, con la consiguiente reducción de la producción, suspensiones masivas y despidos. Se estima que en 2015 la “reforma estructural” en curso provocará un achicamiento del 2% en la economía: su perspectiva inevitable serán nuevas oleadas de desocupados.
Y a eso hay que sumarle el verdadero hachazo que se da a los recursos destinados a programas y planes sociales como “Mi casa, mi vida”, “Bolsa familia” (en el que Lula basó su cacareada consigna de “hambre cero”), los créditos a estudiantes universitarios, y el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que financia las faraónicas obras públicas que los gobiernos de Lula y Dilma presentan como motores del “desarrollo”. Para “estimular” a los exportadores, el equipo Dilma-Levy apeló también a sucesivas devaluaciones del real, desvalorizando aún más la producción nacional y los salarios.
Desesperado por conseguir fondos de donde sea, el gobierno reimplantó el impuesto al cheque, que se le cobra a todas las operaciones bancarias o con tarjetas de crédito más allá de que esas operaciones sean grandes o chicas, en tiempos en que hasta los sectores populares brasileños tienen cajas de ahorro o cuentas corrientes; así, como hizo cínicamente Levy, el impuesto es presentado como “equitativo”, ya que lo pagan tanto los empleados y pequeños cuantapropistas como los jefes de los grandes monopolios… Mientras tanto, al igual que el gobierno kirchnerista en la Argentina, el ministerio de Economía envió al Parlamento un proyecto de ley de blanqueo de capitales que permitirá a los grandes fugadores y lavadores de capitales repatriar fondos depositados por brasileños en el exterior y no declarados al fisco…
Levy exigió que “la sociedad entienda que se debe poner la casa en orden” y que para eso “se deben adoptar todas las medidas necesarias”, aunque esas medidas en favor de los grandes latifundistas y corporaciones sigan serruchando los restos de popularidad de que todavía gozan Dilma y el PT, y cimentando las bases del golpe de palacio con que la derecha conservadora opositora aspira a voltear a la derecha socialdemócrata gobernante.
Para hacer pasar estas políticas Dilma Rousseff reforzó su alianza y sus concesiones a su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ya es primera minoría en Diputados y Senadores y que con esa reforma ganó aún más peso en el gabinete, pasando de controlar siete ministerios a nueve. Pero a la presidenta eso le serviría, eventualmente, también para impedir que el Congreso apruebe el intento de juicio político.
Recuerdos de 2013
Como supuesto ejemplo de su política de “austeridad”, el gobierno practicó una reforma del gabinete que incluyó la eliminación de algunos ministerios y secretarías y la reducción del 10% en los salarios de los ministros para disminuir el gasto público y hacer buena letra ante los organismos financieros imperialistas. Claro que mientras se hacían esos anuncios, ministros de varios estados brasileños y concejales de distintos municipios se adelantaban a curarse en salud duplicándose los sueldos (de 3.500 a 7.500 reales en una ciudad del estado de Paraná). En los primeros días de octubre se produjeron manifestaciones en unas veinte ciudades de todo el país, que obligaron a los funcionarios a retroceder en esas disposiciones.
Así, el revuelto clima político y las medidas antipopulares caldean también el clima social. Dos años atrás, grandes manifestaciones de estudiantes por una causa menor como el libre pase en los colectivos de San Pablo fue el origen de enormes protestas en todo el país contra la crisis, contra los faraónicos gastos del Estado en el Mundial de Fútbol y por mejoras en los servicios públicos.