[Vamos! Nº 63] .
A días de la elección presidencial, las diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso denunciaron que recibieron de manos anónimas una lista de más de cien dirigentes políticos y sociales, periodistas y jueces sobre los que se realizan escuchas y espionaje. El hecho combina probablemente condimentos electorales y bases objetivas.
No son nuevas las denuncias sobre espionaje por parte del gobierno kirchnerista. Prueba de esto fueron el Proyecto X que puso bajo la mira a centenares de organizaciones populares por parte del espionaje de la Gendarmería, el encumbramiento y sostenimiento del represor César Milani –proveniente de Inteligencia militar– al frente del Ejército, o el presupuesto 2016 en el que los gastos de Inteligencia aumentan en un 80%. Las denunciantes, por su parte, pertenecen nada menos que a la fuerza que tiene a Mauricio Macri procesado por escuchas ilegales con Ciro James y Fino Palacios.
Más allá de la veracidad que se le quiera atribuir o no a la denuncia, es una evidencia más de la continuidad del aparato represivo del Estado, que sigue utilizando sus recursos de Inteligencia ya sea para la disputa entre distintos sectores de las clases dominantes o para la represión a las luchas y las organizaciones populares. Desde el punto de vista del pueblo, la gravedad del asunto exige que se investigue y se abran los archivos de la ex Side
