Asamblea de delegados
Hostigamiento mediático y aprietes personalizados: así puede sintetizarse la campaña profundizada desde la reciente resolución de la jueza interviniente Stella Maris Aracil que pide el desalojo de las familias que ocupan terrenos en el barrio Villa Cordobita. En uno de los vértices de esta campaña se encuentra el propio fiscal de la causa, Luis Humberto Piotti, quién cedió a los medios de comunicación locales la lista de los ocupantes para su publicación y aseveró que muchos “van a perder su trabajo”. Su propia empleada doméstica es una de las ocupantes y fue presionada por el mismísimo fiscal.
Convencidas de la justeza de su reclamo y de sus argumentos jurídicos, las 130 familias se han dispuesto a defender su derecho a vivienda y a rechazar el desalojo. Al cierre de esta edición, presentaban una apelación ante el pedido de desalojo y también un pedido de apartamiento del fiscal por su activa participación en la campaña contra los ocupantes. Silencio en los medios nacionales.
Tela araña
“La Justicia exprés tiene mucho que explicar, porque no avanzan sobre Cerviño y Frolik [en la causa por estafa y falsificación de documentación]”, disparó Griselda Altamirano –dirigente de la ocupación– ante la resolución de desalojo por parte de la jueza. En efecto, la jueza tiene a su cargo tanto la causa por supuesta “usurpación” contra las familias como la Causa 3025/15 (UFI Nº5) contra el terrateniente-estafador Mario Cerviño y el actual presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik. “Mientras una causa tiene cuatro cuerpos la otra no llega a las cincuenta fojas”, argumenta Altamirano.
La jueza Stella Maris Aracil no encontró elementos para demostrar el delito de usurpación por parte de las familias. Entonces, hizo uso del cuestionado artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires que puede dar lugar al desalojo sin el debido avance del litigio en el fuero civil. La resolución es más cuestionable aun si se tiene en cuenta que se valió de boletos de compra-venta y escrituras nulas, que están denunciadas justamente en la Causa 3025/15, abierta antes de la toma pero que “no llega a las cincuenta fojas”.
Los lotes en cuestión pertenecían a la empresa Tandilia SRL, pero la empresa quebró en 1960 y los lotes quedaron con titularidad acéfala y vacante. En la última década, Cerviño, Frolik y otros funcionarios públicos han venido maniobrando para quedarse con esas tierras para lo cual han llegado a falsificar documentación. Cerviño, además, ha vendido algunos de esos lotes valiéndose de títulos falsos, lo que constituye una estafa. La jueza Aracil, si bien ha denegado el pedido de prescripción presentado por la defensa de Cerviño, no ha profundizado la investigación. Con el desalojo se pretende consagrar la impunidad y el millonario negocio inmobiliario de tierras robadas.
Caza de brujas
Tras el pedido judicial de desalojo, en algunos medios locales fue publicada la lista de ocupantes –con nombre y DNI– que el fiscal Piotti tenía en su poder. Una “lista negra” para castigar a quienes se animaron a “enfrentar a toda la podredumbre de la corrupción y la desidia del Estado”, según expresó Altamirano, del Movimiento 1º de Octubre “José María Bulnes”.
“Actitud compatible no solo con persecución ideológica –continúa Altamirano– (…) sino además violando los derechos de estas personas ya que ni uno solo cometió delito alguno ni está procesado, ni imputado ni fue notificado de nada.” Esta campaña es parte de los aprietes lanzados por parte de los principales bloques políticos –UCR, PRO, FpV y Frente Renovador– junto al intendente Miguel Lunghi, que se unen a coro para repudiar la ocupación y pedir la represión.
Inmediatamente tras el pedido de desalojo de la jueza, el intendente Miguel Angel Lunghi llamó a los bloques que componen el Concejo Deliberante “para socializar la culpa de lo que suceda el día que la medida compulsiva sea llevada adelante y sea resistida hasta el final por nosotros”.
“El intendente no generó suelo urbano –agregó Altamirano–, permitió que los corruptos y ladrones se quedaran con la tierra disponible en la ciudad, no transparenta la información, gobierna como un feudo. Es decir, ni compartió la tierra ni compartió la información pero ahora los sentó a todos obedientemente para que compartan la culpa de lo que él no hizo, siendo todos funcionales a esta derecha más rancia que históricamente adoptó esta posición, como en la Patagonia Trágica o en el 2001 con la orden de estado de sitio con 38 muertos en todo el país. Frente a la situación planteada en nuestra ciudad atinó solo a criminalizar la protesta y pedir el desalojo para tapar a Juan Pablo Frolik, Mario Cerviño y compañía. Coherente, floreció su esencia fascista, reforzada ahora políticamente y envalentonado por la alianza Cambiemos con el PRO.”
“Han iniciado una caza de brujas, lejos de poder enfrentar con discusión y argumentos”, sintetizó, a la vez que insistió: “Nosotros hemos demostrado hasta donde estamos dispuestos a llegar para defender la tierra que ellos se estaban robando, y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna”.
Trabajadores y trabajadoras
“Hay datos que se les olvidaron poner [en la lista publicada en algunos medios] –agrega el comunicado de la referente de la ocupación–, tiene que ver con la ocupación de cada integrante de la toma: albañiles, empleadas de comercio, zingueros, electromecánicos, técnicos en computación, cementistas, enfermeros, empleados rurales, tamberos, estudiantes, remiseros, jubilados, amas de casa, camioneros, pulidores, ayudante de cocina, eventos musicales, desocupados, cocinero, changarines, meseras, empleados de vivero, fleteros, artesanos, electrónicos, administrativos, pensionados, peluqueros, mecánicos, plomeros, techista, operario de fábrica, cosmetóloga, pintores, empleadas domésticas, franqueras.”
La única diferencia que existe entre los ocupantes –a pesar de que el 90% tiene ingresos fijos que van desde $2.500 a $20.000 y pagan entre $1.200 y $5.500 de alquiler, con entre 1 a 6 hijos– es que el que más gana, más paga de alquiler y come carne más seguido. “Pero ninguno tiene capacidad de ahorro, como muchos trabajadores en esta ciudad”, fustigó. “Gente honesta y trabajadora que alquila y no vive como debería… con dignidad.”
Una de esas trabajadoras es la empleada doméstica del propio fiscal Luis Humberto Piotti. El fiscal está acusado de haberla presionado y al cierre de esta edición era presentado el pedido de su separación de la causa.
“Esto asusta a las clases dominantes en Tandil, que un grupo heterogéneo de trabajadores con distintas realidades, se hayan unido para avanzar sobre la tierra que se les era negada y por derecho el Estado debía buscar los mecanismos para que haya igualdad de oportunidades, lo que nos une es el mismo objetivo y el mismo enemigo de clase.”
“En Tandil no se están afanando solo la tierra, nos están robando la vida, el que no tiene un techo vive frustrado y amargado, rozando la desesperación, están jugando con fuego, una persona desesperada y acorralada no tiene nada que perder”, finalizó.