El miércoles 2 de diciembre se dio a conocer el fallo en el juicio adelantado contra 33 docentes y camioneros de Tierra del Fuego. Los acusados, dignamente, recibieron la sentencia de pie, mientras los trabajadores fueguinos paraban en toda la provincia y realizaban una movilización al juzgado y una jornada nacional de la CTA Autónoma contra la criminalización de la protesta.
En líneas generales el tribunal mantuvo lo solicitado por el fiscal: solo cinco trabajadores absueltos y 28 condenados en primera instancia. Dos de estos cumplirían prisión efectiva: Alexis Ríos, condenado a 4 años, y Néstor Fabián Tavi, condenado a 1 año y 6 meses (pero con reincidencia). Los demás en suspenso, con condenas de 8 meses a 2 años por lesiones leves y atentado a la autoridad. Se los acusa a raíz de la represión policial en el patio de Casa de Gobierno en el contexto del reclamo salarial del 2013 que al final logró un 42% de aumento a los docentes.
Una de las penas más altas fue para Horacio Catena, secretario general del SUTEF, quién fue condenado a dos años en suspenso. Las “pruebas” utilizadas fueron testimonios armados desde el gobierno provincial y videos editados por la policía pero cuyas imágenes en realidad no comprueban ninguna de las acusaciones.
Irregularidades
Cabe recordar que el juicio estuvo plagado de irregularidades, constituyendo una flagrante violación a la legítima defensa en juicio y el debido proceso. La presión política sobre el Juzgado, merced al acuerdo entre el gobierno saliente de Fabiana Ríos y el entrante de la kirchnerista Rosana Bertone, logró adelantar la fecha del juicio en más de un año, dejando sin abogado de confianza a los Camioneros por un problema médico.
La acusación de la Fiscalía tuvo un carácter tan general que no quedaba claro qué se le imputaba a cada uno de los acusados, dificultando la defensa. Se les negó la “probation” a todos los que la solicitaron. También fue comprobada la connivencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial, con la designación de hijos de jueces y funcionarios en planta del Estado.
Pero el mayor bochorno fue cuando salió a la luz la intervención directa del poder político para digitar el juicio: un ex-funcionario, Diego Bóxer, declaró que había mentido en su testimonio de hacía dos años atrás en sede policial y que había sido convocado por el gobierno a una reunión a través de un mail en el cual le direccionaban el testimonio para declarar especialmente en contra del secretario general de SUTEF, Horacio Catena.
Aun así la fiscalía y el tribunal no suspendieron el juicio, poniendo en evidencia al servicio de qué intereses está esta “Justicia” y la intensión de amedrentar a los trabajadores que vienen enfrentando el ajuste.
Apelación
Todo será apelado en Casación por los abogados defensores de ambos gremios, tanto el pedido de nulidad del juicio como las condenas. El mismo día de la condena los trabajadores fueguinos realizaron un multitudinario acto frente al tribunal, afirmando la voluntad de seguir la lucha hasta lograr todas las absoluciones. Y al día siguiente se realizó la marcha educativa en la CABA, que tuvo como uno de sus puntos centrales esta reivindicación, pasando por la Casa de Tierra del Fuego y culminando en Plaza de Mayo con las palabras de Horacio Catena del SUTEF y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. Además se ha conformado un Comité de Solidaridad por la Absolución para llevar adelante una campaña en todo el país.