Poco antes de la medianoche del 25 de noviembre de 1976, un grupo de individuos armados irrumpió en el domicilio de la familia de Gabriel Porta, responsable de Apuntes en el Centro de Estudiantes de Agronomía de Buenos Aires (Ceaba) y estudiante, el mismo día en que las autoridades de la Facultad habían emitido un expediente en respuesta a lo que él consideraba “un movimiento irregular de los fondos de la cuenta del Ceaba en el Banco Nación”, de la cual era uno de los tres titulares.
En esa cuenta conjunta era depositada la recaudación de las ventas de apuntes y guías de trabajos prácticos impresos en el Departamento de Publicaciones del Centro, que inmediatamente al secuestro de Gabriel -quién no había entregado su firma pese al requerimiento por expediente de las autoridades- pasó a llamarse “Departamento Decanato de Impresiones”.
La familia radicó rápidamente denuncias en la seccional policial y en el Ministerio de Interior y sostuvo presentaciones sistemáticas de Hábeas Corpus ante diferentes juzgados, rechazando el telegrama de “cesantía” al cargo de Preceptor de la Facultad, con el que los estudiantes habían logrado formalizar la tarea de Gabriel al frente de Apuntes, pese a la intervención que pesaba sobre el Ceaba.
La familia consideró que “el expediente mencionado fue el causal de este hecho” porque Gabriel Porta “estaba en condiciones de demostrar la titularidad de los bienes del Centro” y porque “es secuestrado por ’las fuerzas de seguridad’ con una copia del expediente”.
Los comunistas revolucionarios, en el contexto de la campaña de solidaridad con los soldados argentinos que peleaban con armas la recuperación de las Islas Malvinas contra el imperialismo británico, pudimos reconstruir para la nueva camada estudiantil de 1982 el rol de Gabriel en la defensa del Ceaba, y darle continuidad a su conducta irrenunciable a través de la constitución de una comisión multisectorial “recuperadora del Centro de Estudiantes”, que al igual que otra similar de la Facultad de Ingeniería, pudo hacer elecciones a fines de ese año, todavía en dictadura.
Asumida la nueva representación de los estudiantes, fue la Comisión de Derechos Humanos creada en el Ceaba junto a otros compañeros comunistas, peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, cristianos e independientes la que recopiló la documentación existente, que le ayudó a la valiente familia de Gabriel a continuar las denuncias y presentaciones que venían realizando desde el mismo día del secuestro.
El camino reemprendido permitió la recuperación hasta ahora de 32 ex estudiantes de Agronomía detenidos-desaparecidos en diversas circunstancias y lugares, por ser militantes en la clandestinidad o por haber trabajado junto al campesinado, en vez de a los terratenientes, en asesorías agropecuarias a cooperativas o ligas agrarias.
Un acto estudiantil con la presencia de la familia en las instalaciones del Centro recuperado dio, con la reivindicación de la conducta de Gabriel, el paso inicial para nuevos reconocimientos a otras identidades recuperadas, muy lejanas a esa “entelequia“ formulada por el dictador Jorge Rafael Videla y en cambio muy reales y ciertas para parientes, amigos, profesores, compañeros de los desaparecidos, que ya suman 32 en la bandera del Ceaba y en una placa que interpela a la historia en el ingreso al decanato de la Facultad.
Este inmenso colectivo social, alimentado por la lucha continua de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y Familiares de Desaparecidos, Barrios por la Memoria y otras organizaciones sociales de autoconvocados, trabaja ahora junto a algunas autoridades de la Facultad en la reparación de los legajos, ya que en ellos aparece como causal de cesación de relación laboral las “faltas reiteradas” al lugar de trabajo, o la pérdida de regularidad a la “no concurrencia” del alumno.
Y luchamos por juicio y castigo a los responsables del secuestro y la desaparición de Gabriel Porta, militares, policiales y civiles, en el contexto de las causas en las que las instituciones de pertenencia, ya no empresas sino entes estatales como la Facultad dirigida por el decano interventor ingeniero agrónomo Ichiro Mizuno -desde agosto de 1976 hasta enero de 1984-, usaron el aparato del Estado para asesinar a opositores políticos y lucrar con los bienes colectivos de los estudiantes.