Inmediatamente al día siguiente del balotaje, la Cámara de Apelaciones de Azul resolvió el desalojo completo de las 130 familias que venían hace dos meses ocupando terrenos en el barrio Villa Cordobita. El operativo se efectivizó una semana después, por la mañana del martes 1º de diciembre, con un fuerte operativo policial. Las familias habían ocupado esos terrenos con la esperanza de conseguir un lote donde vivir dignamente.
El gran despliegue policial hizo que finalmente las familias accedieran a desalojar de forma pacífica. “Que todos los poderes de hayan conjugado para que este día haya llegado te llena de impotencia pero al mismo tiempo te llena de odio de clase”, expresó Griselda Altamirano en una entrevista radial (Frecuencia Zero). Y agregó que da bronca “ver cómo pasan las topadoras y tiran todo, a pesar de tener derechos, a pesar de tener razón, ver que no existe justicia para la clase trabajadora y que siempre las leyes es una cuestión de interpretación; y según a quién se esté juzgando es la interpretación de esas leyes”.
“La correlación de fuerzas no nos daba e íbamos a perder más nosotros”, puntualizó sobre la decisión de retirarse pacíficamente. Entonces evitaron que “aparte de haber perdido su casita, su terreno y sus sueños, el saldo también sea que salga un compañero lastimado”.
La resolución de desalojo había sido dictada por la Cámara de Apelaciones de Azul el pasado 23 de noviembre, a menos de 24 horas de pasado el balotaje. Esta resolución se valió de escrituras y boletos de compra-venta denunciadas por nulas en otra causa, que curiosamente quedó a cargo del mismo fiscal y la misma jueza que ahora llevaron adelante el desalojo. Este desalojo con represión fue una de las primeras medidas de la “transición ordenada” para el gobierno provincial, en lugar de dar solución a la crisis habitacional.
En su dictamen, la Cámara plantea que “aun con la sola condición de tenedor de las tierras es suficiente para que Cerviño sea damnificado por el hecho, pues sus títulos no requieren legitimidad alguna” (!?). Es decir, para esta “Justicia” no importa si hubo o no falsificación de instrumentos públicos y títulos truchos realizados por el corrupto Mario Cerviño. Para esta resolución pesó más la asociación de Cerviño con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, socio en la estafa.
Las tierras en cuestión, en realidad, pertenecían a Tandilia SRL. Pero esta empresa quebró en 1960, por los que los lotes poseen titularidad acéfala y vacante. Por eso sigue abierta la causa judicial sobre la legalidad de los documentos presentados para solicitar el desalojo. Ahora, con el desalojo se pretende consagrar la impunidad y el millonario negocio inmobiliario de tierras robadas por Cerviño en connivencia con Frolik y otros funcionarios públicos.
Lejos de abandonar el reclamo, Altamirano expresó que “a partir de la ocupación de Villa Cordobita se pudo instalar el tema de la necesidad de vivienda y también hemos instalado el tema del negocio inmobiliario y qué es lo que hacen con la tierra. Porque siempre cuando un trabajador toma posesión pública y pacífica de un lote, es un usurpador, un delincuente. Pero cuando es una persona con otro poder adquisitivo o algún funcionario, es un poseedor con ánimo de dueño y estaría ejerciendo un derecho de usucapir. Todas estas diferencias se marcaron en esta lucha”.
Y agregó: “Vamos a encabezar un movimiento que vamos a tratar de que sea lo más amplio posible de todos los sin techo de Tandil, y si al intendente Lunghi no le gusta que le tomen los terrenos, vamos a ir a la Municipalidad a pedírselos. Y si no da acceso a la tierra a los sectores populares, los trabajadores nos vamos a quedar a vivir en la Municipalidad”.