La oposición oligárquica obtuvo un amplio triunfo en las elecciones parlamentarias venezolanas del domingo 6 de diciembre. La antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral). Por primera vez en 16 años tendrá el control total de la AN.
El oficialista Polo Patriótico encabezado por el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvo el 33% de los votos; la MUD logró el 66%, mayoría parlamentaria absoluta que pasará a ejercer desde el 5 de enero.
La nueva Asamblea Nacional puede aprobar y modificar leyes orgánicas (leyes-marco), aprobar proyectos de reforma constitucional, remover a los jueces del Tribunal Supremo (el máximo órgano judicial), y convocar a Asamblea Constituyente (con lo que podría intentar destituir al presidente Nicolás Maduro).
En esta elección terminó por darse vuelta la tremenda polarización política con que la derecha “escuálida” respondió desde el principio a las políticas de Chávez. El resultado lleva inquietud e incertidumbre a millones de personas del pueblo venezolano y de los demás sectores populares latinoamericanos con ansias de unidad frente al imperialismo yanqui.
El avance de la coalición oligárquica y proyanqui liderada por Henrique Capriles –el sitiador de la embajada de Cuba durante el golpe antichavista de 2002 y candidato de la MUD que perdió frente a Maduro en las presidenciales de marzo de 2013–, augura un retroceso en los avances sociales, democráticos y de soberanía nacional que el pueblo venezolano logró durante los 16 años de las sucesivas presidencias de Hugo Chávez.
La ofensiva reaccionaria
En nombre de “volver a la normalidad institucional” y la “seguridad jurídica”, la alianza opositora anunció una serie de medidas –muchas de ellas impulsadas por las poderosas centrales empresariales Fedecámaras y Conindustria– dirigidas a vaciar, revertir y derrocar al proceso “bolivariano”.
La MUD pretende aprobar una Ley de Amnistía para liberar a sus líderes encarcelados por promover atentados y movilizaciones contra el chavismo y el gobierno (y que ellos califican de “presos políticos”), entre ellos Leopoldo López y Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, que permanece en arresto domiciliario con juicio pendiente por conspiración.
También promoverán investigaciones contra los funcionarios chavistas sospechados de corrupción; propondrán la anulación de la Ley Orgánica del Trabajo aprobada en 2012, de la llamada Ley de Precios Justos, y de la Ley de Tierras. Incluso algunos sectores de la MUD proponen un “referéndum revocatorio”, es decir un plebiscito para revocar el mandato y destituir a Maduro.
La respuesta del chavismo, sólo desde arriba
Maduro pidió la renuncia a todos sus ministros para formar un nuevo gobierno, y adelantó que vetará la Ley de Amnistía y entregará el canal de televisión de la Asamblea Nacional (ANTV) a los trabajadores. Los parlamentarios del chavismo tratan de imponer antes del 5 de enero el nombramiento de los 15 jueces del Tribunal Supremo, en el que confían para trabar las iniciativas legislativas de la MUD.
Maduro calificó la victoria de la oposición oligárquica como un “triunfo de la contrarrevolución”. Y acusó a los empresarios por la “guerra económica” de desabastecimiento e inflación que habría creado las condiciones de la derrota. “Nos vamos a mantener con el pueblo en la calle”, aseguraron algunos funcionarios del chavismo.
Muchas palabras y algunas medidas desde el gobierno, pero ninguna movilización popular. Indicio del profundo retroceso o pérdida del apoyo popular que el proceso bolivariano viene experimentando desde antes de la muerte de Chávez a principios de 2013. La oposición oligárquica ganó en todos los circuitos electorales de la capital, incluso en el barrio 23 de Enero, bastión del chavismo.
Voto castigo
La derrota electoral tiene seguramente muchas causas, algunas de coyuntura, y otras de más largo alcance. Todas, decisivas para el destino de la lucha del pueblo venezolano y la nuestra.
En Venezuela incidió fuertemente el rebote en la región de la crisis económica mundial, que dejó “en el aire” a gobiernos que hace una década tuvieron a favor el ciclo de precios altos de las materias primas que nuestros países exportan (petróleo, soja, productos mineros). La abrupta caída de esos precios en los últimos años y la consiguiente baja de los ingresos está detrás del fracaso –también electoral– de políticas como las del chavismo y el kirchnerismo, de la profunda crisis económica y política que hace tambalear al gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, y de la reconversión liberal que vienen adoptando Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Tabaré Vásquez en Uruguay. La economía venezolana fue golpeada por el derrumbe de los precios del petróleo desde los 132 dólares por barril en tiempos de Chávez –que con eso apuntaló una millonaria inversión social y afianzó su liderazgo en la región– a un mínimo de 34 dólares; esto en un país que obtiene de las exportaciones de crudo el 96% de sus divisas.
Muchos venezolanos mostraron, con su voto a la MUD, su hartazgo por las medidas con que el gobierno –antes, de Chávez, y ahora de Maduro– viene descargando la crisis sobre las espaldas populares. Hartazgo de tener que hacer largas colas por la escasez de alimentos y medicinas. De las falsedades del “Indec” venezolano sobre la inflación y por la insuficiencia cada vez mayor de los planes sociales. No se trata de una “derechización” del pueblo venezolano, sino de la angustia popular por la dureza de la crisis económica y el creciente sectarismo y autoritarismo político de un gobierno que se revistió de “izquierda”, de “transformaciones” y de “socialismo del siglo 21”, pero que sólo aprovechó el período de “vacas gordas” para financiar el consumo y los programas sociales, y no dirigió ni organizó al pueblo para una verdadera revolución que alcanzara la independencia económica nacionalizando las palancas estratégicas: los grandes monopolios, el comercio exterior y la banca, y conquistara una verdadera democracia popular que, bajo la dirección de la clase obrera, abriera paso a la construcción del socialismo (no del siglo 21, sino en el siglo 21).
Hartazgo de un gobierno que al final, acosado por la crisis – y por su propia impotencia frente a ella –, condujo a medidas retrógradas en lo económico y también en lo democrático. Impregnado, además, de la profunda corrupción que caracterizó a la llamada “boliburguesía” y que permitió la formación de nuevos grupos de burguesía intermediaria, ahora asociados a los nuevos imperialismos “amigos” del gobierno como China y Rusia.
Fue muy importante el 27% de abstenciones, que muestra una franja del pueblo que castigó al gobierno pero no engordó a la oposición reaccionaria. En esta franja hay conciencia y reservas para la lucha en una nueva etapa que se abre en Venezuela.
De amos viejos y nuevos
Ninguna “liberación” es posible diversificando la dependencia de la mano de imperialismos rivales de los yanquis. Cada día la experiencia comprueba que las concesiones a los imperialismos “amigos” son sólo la puerta de entrada a un mayor debilitamiento económico y político y a mayores concesiones a los viejos imperialismos opresores. La gran corriente antiimperialista y antioligárquica que creció en toda América latina en los últimos 15 o 20 años también fue impactada por la nueva política cubana de restablecer relaciones con Estados Unidos y hasta ofrecer “resarcimientos” a los monopolistas azucareros que fueron –con justicia– expropiados por la revolución hace más de medio siglo, y de renegociar el pago de la deuda externa con los banqueros usureros del “Club de París”; todo para volver a los “mercados financieros” y poder volver a pedir préstamos a la banca imperialista.
Cuba, que recibe unos 95.000 barriles diarios de crudo venezolano subsidiado, pretende con esa orientación “curarse en salud”. A Venezuela ya le queda poco de su anterior “salud”, no sólo porque tras 16 años de chavismo sigue sin soberanía alimentaria (los ingresos petroleros se van en importar prácticamente todo lo que consume), sino también en la pérdida de soberanía que le significaron los supuestamente “progresistas” acuerdos de “préstamos por petróleo” que mantiene con China, la subordinación de las inversiones chinas en la Franja del Orinoco a garantizar esos acuerdos, y la falsa “estatización” de la industria petrolera y siderúrgica, que hizo de PDVSA y de Sidor no empresas estatales ni en manos de los trabajadores, sino sociedades anónimas en asociación con diversos monopolios imperialistas.
Se relegó la lucha por el programa de medidas antiimperialistas, agrarias y democráticas que siguen muy lejos de haberse realizado en Venezuela. Y quedó en un plano más retórico que real la necesidad de unidad, organización y preparación del pueblo para asegurar las reformas ya conquistadas y transformar esos logros en una verdadera revolución popular.
No hubo por lo tanto en Venezuela un cambio de matriz productiva. Se mantuvo en lo esencial la monoproducción petrolera, dependiente de las inversiones y de los mercados extranjeros. Y cuando esas inversiones y mercados fueron golpeados por la crisis capitalista mundial, se derrumbaron los ingresos que sostenían los programas sociales y a la economía venezolana en general.
Se despreció la capacidad de la derecha oligárquica y proyanqui de generar inestabilidad económica y política, agitar el espantajo de la “ingobernabilidad”, y usar los problemas económicos que golpean al pueblo para volcar y ganar a sectores de las masas populares –como ya lo había hecho con una parte significativa de los estudiantes– para disputarle al chavismo las calles con manifestaciones y cacerolazos, erosionarlo en el plano electoral e incluso promover una “salida” golpista, institucional o abierta.
El gobierno chavista tuvo en su favor un inmenso apoyo popular, grandes recursos y mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ahora ya no tiene ninguna de esas cosas. La única garantía de conservación de las conquistas alcanzadas sigue siendo el propio pueblo venezolano organizado y preparado para las contingencias que sin duda vendrán.