La corrupción en la petrolera estatal Petrobras es el caso más grande de la historia del Brasil, que derivó en una crisis política que salpica a la propia presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Lula Da Silva, que presentó un hábeas corpus preventivo ante la Justicia Federal pidiendo no ser detenido en el ámbito de la operación “Lava Jato” (operación limpieza). Mientras esto ocurre, no afloja la política de ajuste al pueblo, donde avanzan los despidos y recortes de partidas sociales.
“Lava jato”
El llamado “lava jato”, basado en testimonios y pruebas de un ejecutivo arrepentido de Petrobras, destapó el escándalo en Brasil por las coimas de grandes empresas a directivos de la petrolera que derivó en la decisión de la Justicia de ordenar la detención de nada más ni nada menos que Marcelo Odebrecht, presidente del legendario monopolio de la construcción Odebrecht SA, y de Otávio Marques Azevedo, presidente de la segunda mayor constructora brasilera Andrade Gutierrez. El monopolio siderúrgico Techint es otra de las firmas que figura en la declaración del ejecutivo arrepentido que denunció un aceitado esquema de corrupción para la adjudicación de millonarios contratos con la petrolera.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Limas dijo que “no tenía dudas” de que Odebrecht y Andrade Gutierrez encabezaban lo que llamó un “cártel”, que cobró de más a Petrobras por trabajos y traspasó el exceso de fondos a ejecutivos y político, por el cual se habrían lavado unos 3.000 millones de dólares de coimas.
Odebrecht, fundada en 1944 en Salvador de Bahía, Brasil, es uno de los monopolios que más se ha desarrollado en la región en el área de infraestructura y energía. Opera en veintitrés países, con grandes inversiones en Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Cuba y México. Es la mayor empleadora privada de Brasil con 160 mil empleados y la mayor compañía del rubro en ese país. Por eso no son pocos los que advierten que este caso amenaza con arrastrar a la ya frágil situación económica del país vecino.
Otra de las empresas que habían aparecido en esa lista –que dio a conocer Petrobras a raíz de la investigación– es UTC, monopolio brasileño líder en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en los servicios de la ingeniería industrial. Su dueño, Ricardo Pessoa, está acordando con los tribunales su condición de arrepentido y tendría para dar novedades que podrían desatar una nueva tormenta en el gobierno de Dilma Rousseff.
La denuncia contra Petrobras golpea a todo un sector de las clases dominantes y toca de cerca a su presidenta, ya que Rousseff era la presidenta del directorio de Petrobras durante el mandato de Lula y siempre afirmó desconocer los presuntos hechos de corrupción que datan de al menos el año 2004.
Lo cierto es que el escándalo de Petrobras fue tapado antes de las elecciones, pero ahora sale a la palestra la lacra de las coimas en las empresas controladas por el Estado. Un Estado opresor atravesado por los monopolios imperialistas y de la gran burguesía brasilera.
El propio Lula, para dar una señal clara a un sector de las clases dominantes, dio una conferencia defendiendo su actuación en favor de una mayor inserción de las empresas brasileñas en el mercado global. Casi un sincericidio que muestra cómo un presidente “ayuda” a los monopolios al destacar los beneficios obtenidos por el país gracias a su diplomacia presidencial. Recordó además que “si los presidentes de la República hubieran sido criminalizados por ayudar a empresas de su país, Bill Clinton no habría ayudado a Raytheon a vender el Sivam a Brasil”. (La compra del Sivam –Sistema de Vigilancia de la Amazonia– provocó el primer escándalo de corrupción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1998.)
El otro escándalo en puertas, y que buscan cajonear, es el de los millonarios negociados para el Mundial de futbol en la contratación de las obras.
Tan corrupto como ajustador
Los negociados y la corrupción son hoy un elemento que muestra el grado de agudización de la lucha entre los sectores dominantes en Brasil. No se andan con chiquitas: la Justicia que hace oídos sordos a los reclamos de los sin tierras, mete preso a históricos exponentes de las clases dominantes como Marcelo Odebrecht, con arrepentidos que prenden el ventilador y llegan hasta la jefa de Estado y otros funcionarios.
El gobierno de Dilma Rousseff ya asumió debilitado su segundo mandato, con denuncias de corrupción que “patearon para delante” junto con un descontento muy importante. Esto se evidenció en la pérdida de votos en las últimas elecciones en los conglomerados obreros, que la castigaron por los bajos salarios y las condiciones de trabajo.
A poco andar los estallidos empezaron a tomar cuerpo en diferentes ciudades del país, como San Pablo, Río de Janeiro o Minas Gerais. Los sin tierra acamparon en las inmediaciones de los estadios, reclamando los acuerdos tomados (y pisoteados) de ley de tierras que permita el acceso para vivienda y trabajo junto con la construcción de los estadios. Fueron brutalmente reprimidos.
Se fueron reproduciendo los conflictos obreros frente a la perdida de trabajo. Hoy sólo Mercedes Benz tiene 500 despidos y más de 2000 suspendidos. Así se puede contar también en la Renault y otras empresas del automotor.
En el mes de mayo se registró una pérdida de 115.599 empleos formales, según el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged, en portugués) del Ministerio de Trabajo y Empleo. Se trata del peor resultado para el mes de mayo desde 1992. Entre enero y mayo se eliminaron en Brasil 243.948 empleos formales.
En doce meses se perdieron 452.835 empleos. Los estados más afectados fueron San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. El ajuste es gradual, lo que explica que no se hayan registrado estallidos aún. También es importante el papel, como es lógico, de algunos dirigentes sindicales que “amortiguan” la bronca.
Los salarios reales de los brasileños se devaluaron por la inflación un 1,9% en mayo (en relación al mes previo) a 2.117 reales (685 dólares). En relación a mayo de 2014, la baja es de 5%.
Habrá que seguir de cerca la situación de Brasil, ya que repercute directamente en nuestro país, ya sea por su situación económica de escaso crecimiento, achique en la industria y despidos, así como la lucha obrera y popular frente a esa política pro-imperialista y pro-monopolista, como la del gobierno kirchnerista.