La bronca brotaba desde su garganta. La movilización escuchaba atenta, compartiendo el odio a los asesinos materiales e intelectuales. “Los responsables políticos siguen estando en libertad y hoy son candidatos para estas nuevas elecciones”, condenó Vanina Kosteki, hermana de Maxi. “Aníbal Fernández y Solá no pueden ser candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires”, insistió.
El sol acompañó el corte sobre el puente y apaciguó el frío intenso de esos días, al cumplirse trece años de los asesinatos de Darío y Maxi. Desde el palco montado sobre un acoplado, se gritaba indignación y no se ocultaba el dolor: “Trece años me parte el alma la ausencia de mi hijo, a la compañera Vanina seguro que le pasa lo mismo con la ausencia de su hermano”, confesó Alberto Santillán, padre de Darío.
El día anterior se realizó una vigilia en la estación, incluyendo festival y marcha de antorchas. Esa estación que ahora se llama “Maximiliano Kosteki y Darío Santillán”, nombres inmortalizados por la lucha popular. Al mediodía del viernes 26, ya arriba del puente, el acto se inició con la lectura del documento consensuado por las organizaciones convocantes. “Mientras los medios de comunicación difundían la versión oficial de un supuesto enfrentamiento que jamás había ocurrido, la denuncia de la masacre trascendió gracias a la movilización popular y el coraje de muchos trabajadores de prensa”, señala.
Durante aquella cacería del 26 de junio de 2002, además de los asesinatos de Kosteki y Santillán, fueron heridos más de cuarenta manifestantes con bala de plomo, hubo cientos de detenidos, se golpeó y torturó en las comisarías. Se logró la condena al comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta, autores materiales de los asesinatos. “Pero los responsables políticos de aquella represión criminal, los que crearon el clima de provocaciones contra los movimientos piqueteros en los días previos, los que tomaron las decisiones e impartieron las órdenes, los que ordenaron la movilización de cuatro fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, los que dieron carta blanca para disparar plomo contra manifestantes desarmados, los que escribieron el libreto para justificar la masacre, esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy.”
También se denunció que la causa judicial, que debería investigar las responsabilidades políticas, estuvo cajoneada durante años en el Juzgado de Ariel Lijo. Si bien hoy se logró que se desarchivara la causa, desde su inicio hubo cuatro fiscales y “jamás avanzó un centímetro”. “Muchas de las medidas de prueba que presentamos –agrega el documento–, como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron jamás fueron respondidas.”
Doce de los trece años que transcurrieron desde la masacre del Puente Pueyrredón fueron bajo los gobiernos del matrimonio Kirchner. “Ellos son los responsables principales de la impunidad y por el encubrimiento de los responsables”, asevera el documento.
Luego tomó el micrófono Vanina Kosteki. “El Gobierno encubre, tapa y protege a los asesinos –reafirmó–. Ellos se piensan que nosotros nos vamos a quedar conformes con la condena de Fanchiotti y Acosta, y están muy equivocados.”
Indignado ante la desvergüenza de los candidatos a gobernador, Alberto Santillán expresó que Felipe Solá “parece que no hubiera sido gobernador” y acusó al entonces secretario de la Presidencia de Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, que “fue uno de los primeros que fogoneó la línea dura” de reprimir los piqueteros.
“Piensan que nunca van a estar sentados en el banquillo de los acusados –agregó–. Vamos a lograr que se sienten, que los acusen, teniendo hasta la grandeza de que van a tener la posibilidad de defenderse, posibilidad que no tuvieron ni Dari ni Maxi por la forma en que los mataron.”