“Oh le le, oh la la, llegamos los cuarenta, ¿Tomada dónde está?”, gritaban los choferes a poco de arribar en una numerosa columna al Ministerio de Trabajo. Evidentemente, eran muchos más que “los cuarenta” que había contado Marcelo Pasciuto, vocero de Dota S.A.. Los días previos a la marcha, la jueza Servini de Cubría había dispuesto que dejaran de circular los colectivos de la Línea 60 y montó un operativo policial para clausurar la cabecera de Constitución, dejando sitiados a 22 trabajadores, incomunicados, sin comida y sin agua.
La marcha al Ministerio, realizada el pasado jueves 16 de julio, no sólo demostró la clara representatividad de los once delegados de la Línea pretendidamente desconocida por la UTA (Unión Tranviarios Automotor), sino que mostró además la decisión de lucha de los choferes. Encabezaron la movilización las mujeres y esposas de “la 60”, con sus familias, y acompañaron otras organizaciones gremiales y sociales. “Acá está la mayoría, nosotros estamos con la inmensa mayoría”, afirmó el delegado Hugo Schwartz en el acto improvisado desde el camión de sonido antes de comenzar la marcha desde el Obelisco al Ministerio.
El conflicto ya llevaba veinte días y los choferes habían dejado de cobrar el boleto como forma de lucha contra el despido de 53 empleados. Entonces la empresa Dota S.A. intentó implementar un lock-out y sacar de circulación las unidades. Y luego, ante la decisión de los trabajadores de hacer funcionar a los colectivos de todos modos, el Ministerio de Trabajo dictó una confusa Conciliación Obligatoria. Como nada de esto pudo quebrar la decisión de lucha, vino la resolución de la jueza.
“Ya no somos los trabajadores los que no trabajamos, ya no es la empresa la que hace el lock out, sino que es la misma jueza la que está impidiendo la salida de los colectivos”, señaló Schwartz y agregó: “No nos causa ninguna extrañeza porque esta misma jueza Servini de Cubría es la que mandó a desalojar la Plaza [de Mayo] en el 2001 donde murieron 31 compañeros”.
En el Ministerio los once delegados fueron recibidos por Norberto Ciaravino, jefe de Gabinete del Ministerio. A la salida, Néstor Marcolín –dirigente del Cuerpo de Delegados– señaló: “No ha habido respuesta y la verdad que es una falta de respeto. Van veinte días de conflicto, no convocan a los trabajadores de la Línea 60, hablan de 47 despedidos cuando tenemos 53”.
Bondis al ruedo
Desde el domingo 28 de junio las fragancias ya conocidas de los puestos de choripán cercanos a las vías se conocieron con las humaredas provocadas por las parrillas ardientes de los choferes de Dota S.A.. “No estamos de paro, queremos que la empresa nos dé los colectivos para poder prestar el servicio”, relata Néstor Marcolín en una breve pausa que se toma para continuar arengando a unos quinientos empleados que permanecen en la cabecera de la línea.
La paradoja, en este caso, fue que la decisión de suspender el servicio estuvo a cargo de los ejecutores de los despidos. Los empleados decidieron otro formato para reclamar la reincorporación de sus compañeros: “Elegimos no cobrar el boleto”, agrega Marcolín para dar cuenta de una medida que tiene su propia historia.
Para Marcelo Pasciuto –el vocero de Dota S.A.– lo que hacen los empleados de la Línea 60 es una usurpación. El titular de la empresa presentó una denuncia contra ellos en la fiscalía número 3 de Campana por el presunto delito de usurpación.
“Fue la empresa la que abandonó las cabeceras y el servicio. Los trabajadores nunca pensamos en parar la línea. Entonces, si el empresario quiere aislarnos y que no saquemos el conflicto a la calle, ¿por qué no sacar los coches y volver a no cobrar boleto?”, se preguntaron los delegados en un comunicado. En efecto, convocaron a la prensa, explicaron las razones de sus movimientos y a las 17:40hs del primero de julio, en medio de un clima eufórico, la Línea 60 volvió a funcionar por decisión de sus propios empleados.
“En las primeras vueltas no tuvimos muchos pasajeros; pero después de algunas horas todo el mundo supo que los colectivos habían vuelto a funcionar”, describe una crónica realizada por los conductores. Los usuarios hablaron por sus actos: Firmaron un petitorio para apoyar el reclamo, pero algunos sintieron la necesidad de ahondar en el asunto. Entonces nació la idea de confeccionar un volante con el número de la CNRT para que los pasajeros puedan denunciar la situación por teléfono.
Los empleados organizaron el control, diagramaron los horarios, establecieron los equipos y analizaron las perspectivas: con el gasoil que había podían garantizar el servicio por cinco días, sacando una unidad cada quince minutos, en jornadas laborales de dieciocho horas. Tras cinco días los choferes lograron sacar unos 70 móviles de los 340 que tiene la firma.
En defensa de la empresa
Tras el lock out, que no logró quebrar la lucha, vino la Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo. Anunciada como “la solución” por parte de la UTA y el Ministerio de Trabajo, no fue notificada a los delegados elegidos por los alrededor de mil choferes de la Línea 60 ni se conoce su texto. Como si fuera poco, sus anuncios no contemplan el reintegro de todos los despedidos. Por su parte, los delegados de la Línea 60 señalaron que no se entiende sobre qué medida se aplica la Conciliación Obligatoria porque no hay paro y el no cobro de boleto es una medida que no avala ni la UTA, ni la Dota S.A., ni el Ministerio de Trabajo, por lo tanto no emiten dictamen sobre la misma.
En declaraciones a radio Del Plata, el ministro de Trabajo Carlos Tomada opinó que: “Es una situación que se ha ido agravando. Ya se han dejado de lado las reglas habituales en este tipo de situaciones y se está produciendo un daño demasiado grande sobre los usuarios. La Conciliación Obligatoria no ha sido acatada. Pero no podemos tomar medidas sobre la UTA porque ese sindicato no es el titular del conflicto”. Entonces, la siguiente movida vino desde el Poder Judicial y la “renombrada” jueza Servini de Cubría.
La jueza ordenó la movilización de Infantería en la terminal Constitución para “investigar la obstrucción del servicio”. Lejos de investigar las razones por las cuales la empresa definió sacar las unidades de circulación, dispuso el desalojo y la clausura de la cabecera. Aún permanecen 22 empleados incomunicados en el interior de la empresa. Mientras, la UTA garantizó la salida de 20 unidades con cobro de boleto desde otras cabeceras.
“Tienen miedo de que la medida del no cobro de boleto se expanda por todas las líneas”, afirmaron desde el Cuerpo de Delegados.
Sigue el conflicto
Lo curioso de las volteretas del Gobierno, y la jueza, es que no sólo quedó en evidencia su accionar contra el reclamo de los trabajadores, sino que mostraron también su desinterés por los 250 mil usuarios que diariamente utilizan esta línea de colectivo.
“Descartamos la conformación de una cooperativa”, relató Marcolín durante un acto organizado en la puerta de la cartera que administra Florencio Randazzo. “Si Dota no puede prestar el servicio le solicitamos al Estado que lleve adelante lo mismo que hizo con TBA [las líneas de trenes de los hermanos Cirigliano que fueron estatizadas]”, agregó el dirigente.
En la última marcha al Ministerio de Trabajo, Hugo Schwartz insistió: “Siempre dijimos que ésta iba a ser una lucha muy dura y muy larga, como los aceiteros que 26 días estuvieron combatiendo para poder conseguir un aumento salarial relativamente bueno”.
Entre las organizaciones que acompañaron a los choferes estuvieron el Encuentro Sindical Combativo, Coordinadora Sindical Clasista, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Corriente Clasista René Salamanca, FUBA, y el Ceadig.