“Yo tengo el honor de ser el padre de Darío y no puedo quedarme en mi casa a llorarlo”, expresó Alberto Santillán desde el palco montado sobre el puente Pueyrredón, ante más de 5000 personas. Santillán destacó entonces a los familiares y las organizaciones populares que siguen en la calle, exigiendo justicia.
Se cumplieron doce años desde que la represión de Duhalde aquel 26 de junio se llevara la vida de Maximiliano Kostequi y Darío Santillán, asesinados a sangre fría por el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta en la estación Avellaneda. La conmemoración comenzó el miércoles 25 por la tarde con un festival, una marcha de antorchas y la vigilia, en esa misma estación que ahora lleva el nombre “Maxi y Darío”.
Por la mañana del jueves las columnas concentraron en la puerta y marcharon hasta el puente, donde se dio lectura al documento elaborado por más de 50 organizaciones, entre ellas el Comunismo Revolucionario (CR). El documento afirma que aquella masacre “fue planificada y ejecutada desde la cúpula del gobierno de Duhalde”, y denuncia que la impunidad continuó con el gobierno de los Kirchner que “jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la Side”.
Sobre las causas que llevaron a la represión evalúa que “los crímenes cometidos en estas calles, 2 muertos, más de 30 heridos de balas de plomo y una cacería que se extendió por más de 20 cuadras a la redonda, pretendían acallar al gigantesco movimiento popular que desató el 19 y 20 de Diciembre”, y concluye que la masacre “fue un crimen de Estado contra el movimiento de trabajadoras y trabajadores desocupadas y desocupados, asambleas populares y fábricas recuperadas que enfrentaron a los gobiernos de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la destrucción de la salud y la educación pública”.
Se ha logrado la condena a prisión perpetua para Fanchiotti y Acosta, los autores materiales. Sin embargo, sigue el reclamo de condena para los autores políticos y demás represores involucrados. El documento acusa que “varios de los responsables continúan activos en la arena política, repartidos entre las filas del oficialismo –como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich– y las de la oposición –como Felipe Solá, Juanjo Álvarez, Alfredo Atanasof y Jorge Vanossi–”. Señala además el caso de Carlos Soria, jefe de la Side aquel entonces y luego electo gobernador de Río Negro por el FpV, que murió en la impunidad.
Un juez del poder
El juez de la causa, Ariel Lijo, la archivó hace un año sin adoptar ninguna medida de prueba contra los autores intelectuales. Según afirma el documento leído “nunca solicitó los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades policiales y de seguridad realizadas durante, antes y luego de la represión del 26 de junio de 2002”.
Lijo es el mismo juez que juzgó y condenó a Raúl ‘Boli’ Lescano y Fernando Esteche de Quebracho (en la cárcel por escrachar un local de Jorge Sobisch mientras el asesino de Fuentealba permanece impune). Hoy es atacado por el kirchnerismo porque investiga a Boudou. Pero el documento también refresca que “fue también el juez que rechazó las denuncias contra Gerardo ‘Batallón 601’ Martínez de la UOCRA”.
Presentes!
Maxi y Darío estuvieron presentes en toda la jornada y lo están siempre, como se afirmó, en la juventud precarizada que se organiza y disputa la dirección de los sindicatos a los traidores, en el movimiento de las mujeres que se rebela contra la opresión, en los trabajadores ocupados y desocupados, en los campesinos, y en todo el pueblo que lucha.
