[Vamos! Nº 59] .
El Gobierno avanza en el Congreso con el tratamiento de la ley que crea la ANPEE y pasa a exigir una mayoría especial de dos tercios en el Congreso para que puedan ser vendidas las acciones que el Estado tiene en empresas privadas. “Que se venda, pero con discusión en el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas”, sintetizó CFK en su discurso del 21 de agosto. Fundamentó que el paquete de acciones del Estado en empresas privadas “no solamente tiene el valor de un gran capital de reserva de los jubilados, sino también tiene un sentido estratégico participar en las decisiones de estas empresas porque hacen a la gran macro de la economía”.
Estas acciones son un resultado de la estatización de las AFJP y de las compras como el caso del 51% de YPF SA. Sumarían alrededor de 64 mil millones de pesos. Por su parte, la ANPEE (Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas) se constituiría como un ente coordinador de los directivos que son nombrados por el Ejecutivo en estas empresas acorde a la participación accionaria.
Más allá de que el proyecto sería efectivamente una traba en caso de que en octubre asumiera un presidente con intención de re-privatizar el sistema jubilatorio o vender las acciones, dista de lograr una incidencia determinante en las políticas de estas empresas. El sistema de acciones de las empresas nunca hizo que sus decisiones sean más democráticas. Por el contrario, ha generado que quien dirige a cada una pueda resolver qué y cómo se produce teniendo invertido el 51% (o menos) de su valor en lugar del 100%. Así beneficia en realidad a la concentración monopólica.
En el caso de las acciones en manos del Estado es ejemplificativo el caso de Aeropuertos Argentinos 2000 SA: en esta empresa el Estado participa con el 73,5% sobre su capital pero tiene en 15% de los votos. Además, al parecer el Gobierno tampoco ha logrado incidir demasiado en el Grupo Clarín SA a pesar de tener el 9% de sus acciones.
Un poco distinto son los casos en los cuales el Estado posee más del 51% de las acciones con su correspondiente expresión en la dirección de la empresa. Este es el caso de YPF SA y de YPF Gas SA (sociedades anónimas). Sin embargo, aunque sus directivos son mayoritariamente designados desde el Estado, la forma de funcionamiento de una sociedad anónima va de la mano de entramar acuerdos con Chevron y otros monopolios, manteniéndolos ocultos incluso al propio Congreso Nacional.
Por todo esto, combatir realmente a “los ‘90” sería re-estatizar verdaderamente YPF, bajo una SE (sociedad del Estado), y también la siderurgia (Somisa, hoy en manos del grupo Techint). Podemos sumar el aluminio, energía, comunicaciones, etc. De esta forma el Estado pasaría a tomar control real de palancas claves de la producción.
