El fiscal Luis Piotti pidió el desalojo de las 130 familias que hace ya dos semanas vienen ocupando tierras en el barrio Villa Cordobita de Tandil, aunque el estafador Mario Cerviño no pudo demostrar la autenticidad de los títulos de propiedad que ostenta. Los lotes en cuestión pertenecían a Tandilia SRL, empresa que quebró en 1960. Por este motivo los ocupantes insisten en que las tierras tienen titularidad acéfala y reclaman su derecho a vivienda digna. Hay abiertas causas por estafa y por asociación ilícita contra Cerviño y funcionarios públicos.
El pedido de desalojo tiene que ver en realidad con la fuerte presión política por parte de la Municipalidad. El presidente del Concejo Deliberante, el radical Juan Pablo Frolik, es uno de los acusados en la causa presentada hace veinte días en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº3. Tanto Frolik como el intendente Miguel Ángel Lunghi, también radical, son activos promotores de la campaña por el desalojo.
Sin embargo, las familias están decididas a defender su derecho a vivienda, del mismo modo que hicieron en octubre de 2014 cuando frenaron el desalojo de cuatro familias dictado por un Juzgado. Desde Vamos! conversamos con Jorge Lezica, de la agrupación 1º de Octubre, sobre la organización de las familias y su decisión de lucha.
–¿Cuál es el estado de ánimo de las familias?
–El estado de ánimo es bueno y están con mucha bronca. El fiscal y la jueza que está en la causa no tienen argumentos para desalojar y están buscando por todos los medios porque existe una presión muy fuerte del gobierno municipal y de todas las clases dominantes de Tandil. Entonces, se ve clara la lucha de clases. Una clase que lucha para sobrevivir y la otra que avanza para someterla. Queda claro que el gobierno municipal es el que está presionando y el que quiere desalojar de estas tierras. [El intendente] Lunghi. Manda a la gente a lugares donde se inunda, lugares más bajos, donde después no hay agua, cloacas, caminos adecuados, y está a una hora del centro. Y después lo que nosotros peleamos: acá hay tierras acéfalas, sin dueño, que la ganó la gente. Y ahora Lunghi la quiere desalojar.
–¿En qué consiste la presión del intendente para el desalojo?
–Él personalmente fue a la fiscalía a denunciar a Griselda Altamirano por “sedición” y “alteración del orden público”. Le falta decir por vagancia y por “mal entretenida”, como decían a finales del siglo 19. Hace la denuncia en fiscalía y es el que más presiona sobre la jueza para que nos desaloje. No hay nada, desde el punto de vista jurídico, para desalojarnos. No pueden inventar nada. Sólo la presión política es lo que está llevando al desalojo. Nos acusan con un artículo 231, que no está en la Constitución, inventado desde la dictadura.
–¿Cómo se viene sosteniendo la ocupación a la par de que las familias continúan con sus actividades laborales y cotidianas?
–La gente va a trabajar, se turnan. Hay un organigrama donde los vecinos tienen que estar ocho horas garantizando, donde uno trabaja las ocho horas, vuelve, garantiza ocho horas en la toma y otro se queda las ocho horas trabajando. Y así se van rotando para estar en la semana todos los días y a la vez hacer una o dos veces a la semana guardia. Después hay una vigilancia constante para que no haya desorden, por la limpieza… Una toma que tiene una práctica de ida y vuelta, una práctica de discusión todos los días, y una práctica constante que se da con los compañeros llevando adelante sus funciones.
–¿Han comenzado a hacer construcciones?
–Son construcciones precarias porque hay una medida de no innovar del Juzgado y no te dejan pasar materiales. Hasta ahora se ha respetado esa medida.
–¿Cómo es la organización de la ocupación?
–Tenemos una asamblea todos los días a las 6 de la tarde y después asambleas de delegados. Se discute desde la guardia hasta la autodefensa todos los días, el trabajo y las tareas de mantenimiento todos los días y algunas cuestiones como el alimento que le falta a alguno. Esas cuestiones se discuten en la asamblea. Y la situación que está viviendo en política afuera y tareas como volantear.
–¿Qué expectativas tienen sobre las denuncias presentadas en la Justicia por “estafa” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra el presidente del Concejo Deliberante, Frolik, y el terrateniente Cerviño?
–Ellos aceptaron el fraude cuando pidieron la prescripción del delito. Porque dicen que hace más de diez años que fraguó la escritura. Pero el fiscal no se la aceptó, porque en cada escritura de venta el delito vuelve a realizarse porque se está utilizando un documento falso.
–¿Cómo responderían las familias en caso de que se intente llevar adelante el desalojo?
–El desalojo lo van a resistir. Algunos no se van de acá porque ya están viviendo. No tienen otra cosa para vivir. Van a resistir y van a quedarse acá. No se dan una idea del grado de compromiso de los compañeros. Acá se está peleando una cuestión de clase muy importante y que va a dejar un precedente en la historia no sólo de Tandil. Porque vamos a la ocupación de tierra acéfala de lo que intentaba ser un country armado por un tipo a través de la corrupción, que es una de las columnas de este modelo. Vamos contra esa corrupción que permitió que el tipo sacara a la venta 180 lotes que en realidad tendría que estar al servicio del pueblo.
–¿Cuál es la gravedad del problema de la vivienda más en general en Tandil?
–Acá el déficit habitacional es de 10 mil viviendas. El mamarracho del intendente solamente en 12 años urbanizó 900 lotes. Entonces, a este ritmo, necesitamos 100 años para pelear contra el déficit. Y en 100 años se va a multiplicar la población así que vamos a necesita más vivienda. El tema de corrupción es tan grande que hay alrededor de dos mil y pico de lotes que están en manos de negociados a través de los funcionarios, abogados y escribanos. Tandil se convirtió en una de las mejores tierras, en calidad de producción y de materia prima, junto con Balcarce. Entonces es muy elevado el costo de la tierra acá. Y eso dio para un negocio inmobiliario muy grande.