Este año la jornada “Ni una menos” expresó un masivo repudio a los femicidios que vienen sucediendo y contra todo tipo de violencia de género. El tamaño de la movilización es en proporción de la tragedia que vivimos las mujeres cada día en nuestro país. La enorme jornada abrió un profundo debate sobre las causas de la violencia hacia las mujeres y sobre quiénes son los responsables.
En esa jornada se expresaron también los reclamos contra las demás formas de violencia y opresión: igualdad laboral, aborto legal y seguro, educación sexual, contra la prostitución y las redes de trata. Todas estas cuestiones siguen vigentes y serán debatidas en este nuevo Encuentro.
El gobierno kirchnerista asumió luego de la crisis del 2001-2002 otorgando concesiones a un pueblo que con el Argentinazo echó al gobierno hambreador y entreguista de la Alianza pero que no se pudo imponer. Parte de estas concesiones son también la Jubilación de Amas de Casa, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, la Ley de Protección Integral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la Asignación Universal por Hijo, para citar las más importantes.
Estas conquistas son producto de una larga lucha del movimiento popular. Pero la lucha sigue no sólo por las leyes que no se quisieron aprobar –como el aborto legal o la obligatoriedad de jardines maternales en los lugares de trabajo–, sino también por los muchos aspectos de estas leyes que no se cumplen en los hechos, sin presupuestos acordes ni control donde los sectores populares tengamos acceso.
Violencia de género
Se registraron 1808 femicidios entre 2008 y 2014, y más de 40 casos desde la jornada “Ni una menos”. Los femicidios son la forma más extrema de una violencia cotidiana que sufrimos las mujeres. La jornada dejó expuesto lo limitado de las políticas gubernamentales en este aspecto.
Igualdad laboral
En nuestro país las mujeres ganamos un 15,2% menos que los varones, y en América latina un 17,2% menos, aun teniendo la misma edad y nivel de educación. Las mujeres seguimos siendo las más oprimidas entre los oprimidos y las más explotadas entre los explotados. Somos las que ocupamos los puestos de trabajo más precarizados y la mayoría entre los trabajadores en negro.
Como si todo esto fuera poco, nos hacernos cargo de una segunda jornada laboral en nuestros hogares. Lo hacemos cuidando de nuestros hijos e hijas, limpiando, cocinando. No contamos con un sistema público de jardines materno-paternales que nos permita trabajar o estudiar a la vez que criamos a nuestros hijos e hijas. Tampoco se les obliga a los monopolios a garantizar jardines en los lugares de trabajo.
Redes de trata y prostitución
Las redes de trata y la prostitución –vinculadas y amparadas por el Estado– siguen siendo el destino de miles de mujeres jóvenes y niños/as en nuestro país y el mundo. Organizaciones que operan en alevosa connivencia con gobiernos, jueces y comisarios. Las organizaciones populares y los familiares nos organizamos por el camino de los escraches a los violadores y prostíbulos, denuncia que cuenta también con apoyo de sectores de la Iglesia Católica.
Las redes de trata y prostitución están también estrechamente vinculadas al narcotráfico, que en los últimos doce años creció de manera alarmante. El entrelazamiento de los narcos con punteros, las fuerzas de seguridad y sectores de la Justicia son moneda corriente. Las denuncias de la efedrina que involucra al jefe de Gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, muestran que ese entrelazamiento arranca desde el vértice mismo del poder político.
Educación sexual y aborto legal
La clandestinidad del aborto –un grave problema de salud pública– sigue cobrándose vidas de mujeres. El propio Ministerio de Salud reconoce entre 80 y 100 muertes por año, aunque debe tenerse en cuenta el gran sub registro que hay sobre este problema. Sin embargo, sigue cajoneado el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El Gobierno nacional en definitiva no sólo se ha negado a aprobar este proyecto, sino que ha acordado con la Iglesia la reforma del Código Civil que concibe la vida desde la “concepción” y de hecho se tratan los abortos clandestinos como delitos. Por eso, continúa el reclamo de la legalización junto con el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y con una política integral de salud sexual y reproductiva.